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Fedea lanza un SOS: el sistema de pensiones en peligro para los hijos de los ‘baby boomers’
La entidad advierte que sobre los distintos retos que habrá de sortear la generación para cobrar la prestación pública
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha lanzado una dura advertencia a los hijos de la generación de los ‘baby boomers’. Según ha alertado la entidad, habrán de continuar financiando las pensiones de sus padres y mantener el coste de las políticas dirigidas a la fecundidad, la educación y las políticas familiares, fundamentales para garantizar el pago de las futuras pensiones públicas.
Así lo recoge el nuevo número de la serie de documentos de trabajo dedicada a la ‘I Jornadas obre el sistema público de pensiones y seguridad social’, que trata de cuantificar los efectos externos derivados de la existencia de un sistema de Seguridad Social financiado mediante un mecanismo de reparto.
Diferencias dentro del estado del bienestar
Una de las conclusiones que recoge el informe es que los hijos de una parte de los ciudadanos, criados en buena parte con sus recursos privados, generan una externalidad positiva a las personas que no tienen hijos. «Es decir, los impuestos que pagan estos niños y niñas una vez alcanzada la edad adulta sustentan los programas del estado del bienestar de todas las personas, independientemente de si han tenido o no hijos», subraya.
Otro factor a tener en cuenta, señala el análisis, es que los padres, independientemente de su nivel educativo, reciben en torno a la mitad de las transferencias familiares netas a lo largo de su vida que los que no han tenido hijos. Unas diferencias que el estado del bienestar no compensa con transferencias públicas. «La externalidad es, por tanto, considerable», enfatiza.
El reto que habrán de afrontar los hijos de los ‘baby boomers’
A ojos de las autoras del informe, estos resultados son esenciales para debatir sobre la reforma del sistema de pensiones, que debería considerarse dentro del conjunto más amplio de los programas del estado del bienestar. Por ello, remarcan la importancia de tener en cuenta todas las transferencias públicas intergeneracionales tanto dirigidas a niños, como las destinadas a los mayores.
En el análisis, también se advierte que las últimas reformas del sistema de pensiones, que han puesto el foco sobre la subida de la cotización y la preservación del poder adquisitivo de las pensiones, desplazarán la carga del ajuste sobre las generaciones que estarán activas durante la jubilación de los ‘baby boomers’. De esta manera, la brecha del estado del bienestar se ensanchará y favorecerá aún más a los mayores actuales, vaticina.
Teniendo en cuenta estos escenarios, los hijos de los ‘baby boomers’ tienen un importante reto por delante, ya que deberán seguir costeando los derechos que adquirieron sus padres en el marco del sistema de pensiones de reparto, sin perder de vista las políticas dirigidas a los más pequeños, que también deberán financiar.
La pensión media supera los 1.254 euros
En el transcurso del mes de junio, el Estado ha pagado más de 10 millones de pensiones contributivas, una cifra que arroja un incremento superior al 1%, a 9,2 millones de pensionistas. La mayor parte de las prestaciones públicas desembolsadas han correspondido a pensiones de jubilación, concretamente, 6,5 millones. Por detrás, se sitúan las de viudedad, incapacidad permanente, de orfandad y en favor de familiares.
Mientras que la pensión media de jubilación se ha incrementado un 4,9% hasta los 1.141,8 euros mensuales, tras la revalorización de las pensiones aplicada al arrancar el año, la pensión media del sistema que comprende las distintas prestaciones ha registrado un incremento del 5% interanual, lo que le ha permitido superar los 1.254 euros al mes.
El desembolso que ha realizado el Estado para pagar las pensión ordinaria en junio se ha situado por encima de los 12.751 millones de euros, un 6,3% más que el mismo mes del año pasado. Además, ha abonado 12.420 millones de euros para pagar la paga extraordinaria de verano a los pensionistas, lo que supone un incremento del 6,2%, según los datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.