Fedea pide «plena compatibilidad» entre pensión y trabajo

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) defendió este lunes que se reforme la legislación española para permitir la «plena compatibilidad» entre pensión y actividad laboral, así como incentivar que las empresas quieran potenciar esta fórmula mediante una reducción de la indemnización por despido, dado que el empleado que prolonga su vida profesional ya tiene su derecho «consolidado» a disfrutar de una pensión.

Así lo pusieron de relieve los economistas asociados a Fedea José Ignacio Conde-Ruiz y Sergi Jiménez durante un encuentro informativo organizado por esta entidad, durante el que Conde-Ruiz sostuvo que «si uno analiza la legislación» se puede ver que está pensada desde la perspectiva de que «los mayores molestan» en el mercado laboral.

Y ello se debe, a su juicio, a la «falacia» de que si una persona mayor se jubila deja un puesto libre que ocupa un joven. «Es mentira», enfatizó este experto, quien recordó que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo no supuso que hubiera menos empleo para los hombres, al igual que sucede con los nacidos en España ante la llegada de personas migrantes.

Absurdo y rígido

En este punto, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, defendió que el sistema de pensiones actual es «bastante absurdo» y «excesivamente rígido», por lo que «eliminando esas rigideces hay margen más que suficiente para que todos puedan mejorar», en alusión a empresas, trabajadores y al propio sistema de la Seguridad Social.

Por ello, Sergi Jiménez explicó que «la supervivencia» del sistema «no depende» tanto de retrasar la edad de jubilación a edades tempranas como de favorecer que las personas que quieran, «siempre voluntariamente», puedan seguir activas y beneficiándose de su derecho a la pensión acumulada al cumplir la edad legal necesaria.

De este modo, apuntó que «hay margen para repensar el engarce entre pensión y trabajo» y auguró que «parte de la respuesta» al aumento del envejecimiento de la población «pasa por utilizar» parte de esa cantidad y calidad de vida para «generar riqueza».

Además, afirmó que «es ilógico» que la mayoría de las personas pasen de «trabajar 40 horas semanales a cero» de un día a otro. «Proponemos dar la vuelta como un calcetín a la legislación laboral y de pensiones y, con ello, dejar de desaprovechar el talento sénior que desee seguir trabajando», abundó Jiménez.

Asimismo, señaló que la jubilación debe ser «flexible y reversible», es decir, que si una persona se ha jubilado y desea luego volver a trabajar, tenga facilidades para hacerlo.

Nuevo contrato laboral

Para revertir la situación actual, Conde-Ruiz y Jiménez han elaborado un documento de propuestas en el que plantean «convertir la jubilación en un proceso flexible, gradual si así se desea, y plenamente compatible con el trabajo remunerado».

Con este fin, se crearía un nuevo contrato laboral que permitiría que las personas que lo deseen puedan prolongar su actividad más allá de la edad legal de jubilación, trabajando a tiempo completo o parcial, en la misma o distinta empresa, por cuenta ajena o propia, sin topes máximos de retribución.

«Puesto que este contrato se aplicaría a gente que tiene ya la seguridad de su pensión pública, debería tener un régimen extintivo especial, sin costes indemnizatorios para la empresa contratante. Se podría establecer un periodo de tiempo mínimo de preaviso al trabajador y a la empresa, para romper libremente la relación contractual en caso de desistimiento de cualquiera de las partes», explica Fedea.

En opinión de Conde-Ruiz, esta medida sobre el despido no sería «una discriminación» y tendría «encaje» porque la persona ya tiene su red de seguridad consolidada con la pensión del sistema de la Seguridad Social. Ello haría que las empresas «no tenga miedo» a que los empleados sénior sigan en plantilla y acumulando antigüedad.

Por último, según las estimaciones expuestas por Jiménez, si España lograra aumentar la tasa de actividad de los mayores de 55 años hasta alcanzar niveles de los países nórdicos, los ocupados podrían crecer en 1,6 millones, lo que contribuiría a «mitigar» la reducción de activos que se prevé por la «pirámide invertida» hacia la que avanza la demografía en España. Este repunte de cotizantes provocaría un aumento del producto interior bruto (PIB) que podría rondar el 5%, según este economista.