Expertos y empresas alertan de «desequilibrios» si se recorta la jornada sin un régimen transitorio

Expertos y empresarios reclaman un régimen transitorio si se aplica el recorte de la jornada legal de 40 a 37,5 horas semanales para evitar «desequilibrios negociales», ya que muchas de las mejoras conseguidas a través de la negociación colectiva podrían perderse o algunas mesas exigirían la reapertura de convenios ya cerrados.

Así lo consideran los investigadores de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz, Jesús Lahera y Analia Viola en un artículo publicado este lunes titulado «¿Cómo reducir la jornada laboral?». En él, además de hacer un estudio comparado sobre la regulación del tiempo de nuestro trabajo en nuestro país y en el resto de Estados miembros de la OCDE, apuntan a varios escenarios sobre cómo podría afectar a los trabajadores con jornadas superiores al umbral de las 37,5 horas, en el caso de producirse el recorte sin acuerdo, como apunta la última hora de las negociaciones.

Los expertos aseguran de que la reforma debería ir acompañada de un régimen de «transitoriedad» mucho más flexible que el que ha puesto sobre la mesa la vicepresidenta Yolanda Díaz. De acuerdo con el texto al que ha accedido ECONOMÍA DIGITAL, la entrada en vigor de la reforma del Estatuto de los Trabajadores supondría la inmediata rebaja de la jornada laboral legal a las 38,5 horas, como consta también en el acuerdo de Gobierno, mientras que las 37,5 horas comenzarían a contar a partir del 1 de enero.

Fedea apunta que este régimen de transitoriedad tendría que aplicarse convenio a convenio, y toda vez que acabe la vigencia de uno, empezar a negociar cómo implantar la jornada en el nuevo marco legal. «Si no se establece esta transitoriedad automáticamente quedarían reducidas las jornadas de los convenios colectivos vigentes afectados, generando un desequilibrio negocial», advierten los expertos.

Esta fórmula es muy similar a la que apuntaron fuentes empresariales conocedoras de las conversaciones entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las patronales. Topar la jornada anual y permitir encajes distintos en diferentes convenios en función de la actividad sería «la forma menos dolorosa» de recortar el tiempo de trabajo, ya que supondría que cada sector adopta ese recorte en la manera que mejor se adapta a su realidad.

Algunos organismos internacionales, como el FMI, y otros nacionales, como el Banco de España, han alertado en contra de aplicar una rebaja del tiempo de trabajo de manera homogénea y sin tener en cuenta las particularidades del tejido productivo, ya que eso podría implicar pérdidas de productividad.

Preguntado específicamente al respecto por ECONOMÍA DIGITAL, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, descartó que vaya a suponer un desequilibrio para aquellas personas que ya tienen jornadas inferiores. «Miel sobre hojuelas. Queremos que el resto de sectores estén en esos parámetros. Se trata de que esta medida sea democrática, horizontal, que afecte al conjunto de la ciudadanía y que esos 12 millones que todavía faltan lo puedan hacer», respondió tras la fallida reunión de la Mesa de Diálogo.

Igualmente, Pérez Rey defendió que el borrador de Anteproyecto que han propuesto ya contiene un régimen transitorio, con la entrada en vigor de una rebaja a 38,5 horas semanales en cuanto la ley sea aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado, que sería suficiente.

Los expertos de Fedea constatan que las ganancias de productividad en el tejido productivo han permitido, sin recortes legales de jornada -el último fue en 1983, cuando se redujo de 43 horas semanales a 40 horas-, que el tiempo de trabajo medio pase de las 41,5 horas en el segundo trimestre de 1987, a las 37,6 horas en el primer trimestre de este año. Casi cuatro horas, en menos de cuatro décadas.

¿Cuáles pueden ser los efectos de esa «reducción forzosa», con acuerdo de sindicatos y Gobierno? De primeras, una subida de los costes salariales unitarios, al recortarse las horas manteniendo los sueldos constantes, lo que afectaría directamente en la competitividad empresarial -también en mercados extranjeros- y la evolución del empleo y el PIB. Unas externalidades que serían mayores en las pymes y en sectores donde las jornadas son mayoritariamente superiores a las 37,5 horas, como la hostelería o el comercio, donde «la relación presencial de los trabajadores con los clientes es imprescindible y los ritmos de producción son difíciles de alterar».

Fedea contempla tres escenarios. El primero, para aquellos que ya tienen jornadas inferiores a las 37,5 horas, que podrían verse afectados negativamente por perder esa diferencia en ‘bolsa de horas’ entre su jornada por convenio y la legalmente establecida.

El segundo, es para aquellos que trabajan menos de 40 horas pero más de 37,5 horas semanales, para quienes se alteran los sistemas de distribución horaria pactados que deberían ser revisados y se suprimen ya las bolsas de horas flexibles al quedar absorbida la diferencia legal. Y el tercer y último escenario es de aquellos que trabajan 40 horas semanales, con afectación íntegra en los sistemas de distribución horaria.

La patronal Cepyme advirtió en un informe hecho público este lunes que los sectores a quienes más afectará esta medida serán la hostelería y el comercio, donde la práctica totalidad de sus trabajadores se encuentran por encima de las 37,5 horas semanales. Los gastos asociados podrían superar los 40.000 millones, de los cuales, 11.000 millones estarían vinculados al coste directo de recortar las horas trabajadas manteniendo los salarios.