España tiene dos años para gastar tres de cada cuatro euros de los fondos europeos

Cuando se negoció el diseño de los fondos europeos Next Generation EU, la fecha límite de agosto de 2026 parecía muy lejana en el tiempo, allá por 2020 y 2021. A pesar de las grandes cuantías encima de la mesa, el Gobierno se mostraba convencido que el ‘maná europeo’ llegaría en tiempo y forma, con un tejido productivo capaz de absorber los recursos para salir de la crisis por el COVID-19.

La guerra en Ucrania, la crisis energética y el estallido de la inflación dejaron en un segundo plano la emergencia sanitaria, superada gracias a las vacunas. Pero también complicaron aún más el panorama político y económico, dificultando la llegada de los fondos europeos a la economía real. El año pasado por estas fechas el Gobierno negociaba con la Comisión Europea la Adenda (actualización) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que canalizaba 90.000 millones de euros más, e insistía en que los plazos aún eran factibles para asegurar la completa ejecución del programa millonario.

Ahora, en agosto de 2024, los plazos apuran cada vez más, ya que el reglamento europeo establece que todas las operaciones deben estar comprometidas para agosto de 2026. Es decir, quedan dos años y la ejecución de la primera parte del Plan de Recuperación (la de transferencias a fondo perdido) se limita a 40.004 millones de euros, mientras que se han recibido fondos Next Generation EU por un valor de 47.962 millones.

Es decir: España tiene dos años para comprometer casi tres de cada cuatro euros de los fondos europeos, que se perderían en caso de no reclamarse.

De acuerdo con los datos de ejecución que el Ministerio de Economía publicó a principios de este mes, el Gobierno asegura haber cumplido ya con 181 hitos y objetivos del PRTR, el 30,4% de los 595 compromisos con el Ejecutivo comunitario.

En el próximo bienio, el Gobierno ha de cumplimentar los objetivos restantes y solicitar hasta seis pagos adicionales de fondos europeos que, entre préstamos y transferencias, alcanzan algo más de 114.000 millones de euros.

El grueso de la financiación que queda por recibir el Tesoro son los préstamos europeos, que pueden alcanzar los 84.000 millones de euros y cuyo grueso se canalizará a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el llamado Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA) de 20.000 millones de euros; y de varias líneas abiertas con el Instituto de Crédito Oficial, por cerca de 40.000 millones de euros.

En cuanto al primero, ya se ha puesto en marcha la primera línea de 3.400 millones de euros para que el BEI, que ahora preside la exvicepresidenta Nadia Calviño, maneje las inversiones que decidan las comunidades autónomas en una serie de ámbitos vinculados al plan, como las transiciones verde y digital o la vivienda. Sin embargo, aún no está en funcionamiento el mecanismo de gobernanza del mismo, donde los gobiernos regionales contarán con representantes, ralentizando el despliegue de las inversiones.

En cuanto al segundo, si bien ya se han implementado las líneas ICO Verde, dotada con 22.000 millones de euros, e ICO Empresas y Emprendedores (con 8.150 millones de euros), la banca, que será fundamental para el despliegue de la financiación, ha puesto en duda que vaya a haber una demanda suficiente para la absorción completa en el corto plazo que queda.

«Lo que es clave ahora es valorar si vamos a poder trasladar el volumen de fondos que tenemos que trasladar en un corto periodo de tiempo, si va a haber demanda suficiente», dijo durante el curso que organizó la APIE en Santander la presidenta de la patronal AEB, Alejandra Kindelán. Esta es la asociación que agrupa a Santander, BBVA o Sabadell, entre otros.

A esto se suma que para el despliegue efectivo de los fondos europeos, el Gobierno tiene que cumplir con una serie de reformas legales. El grueso se hizo en la pasada legislatura, pero aún quedan varias normas clave para desbloquear parte de los pagos. Hay siete leyes clave para cumplimentar con el quinto y el sexto pago, que deberían solicitarse este año. Pero hay toda una serie de normas por delante e inversiones por realizar para que los 164.000 millones de euros lleguen a España… y se gasten.