España paga por primera vez un laudo por las primas a las renovables al fondo Blasket Renewable
Se trata del primer laudo pagado por España de los 27 que aún están pendientes, todos ellos derivados de las reformas en el marco de las energías renovables
Energías renovables. Foto: Europa Press.
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El Gobierno de España ha abonado las primas a las energías renovables, poniendo fin a un largo litigio con la firma japonesa JGC Holdings Corporation. El pago, de 23,5 millones de euros, resuelve un laudo dictado en el año 2021 por el tribunal del Banco Mundial (CIADI), que había sido gestionado por el fondo Blasket Renewable Investments.
Este paso cambia el rumbo de la postura del Ejecutivo, que hasta ahora había evitado cumplir con las compensaciones ordenadas por tribunales internacionales. El cumplimiento del laudo evita posibles represalias judiciales en el extranjero, como el embargo de activos del estado y una posibilidad que había sido planteada por el bufete estadounidense Gibson Dunn ante los tribunales de Estados Unidos.
La resolución de este caso supone un precedente, pues se trata del primer laudo pagado por España de entre los 27 que aún están pendientes, todos ellos derivados de las reformas retroactivas aplicadas entre 2010 y 2014 en el marco de las energías limpias. La primera denuncia ante el CIADI por este asunto se presentó hace 14 años.
España empieza a saldar la deuda con inversores
El abogado Matthew D. McGill, socio de Gibson Dunn, ha declarado que «por primera vez, inversores han recibido los fondos adjudicados por un laudo arbitral del Banco Mundial relacionado con inversiones verdes en España. Aplaudimos esta decisión del gobierno, pero es importante reconocer que sigue habiendo otros 26 laudos dictados en contra del Reino que serán ejecutados en los tribunales de todo el mundo, en caso de no ser abonados. Tal desenlace es inevitable.
Además, McGrill ha advertido que, España, al incumplir sus obligaciones internacionales «termina por aumentar la carga de obligaciones que debe pagar el contribuyente y, además, desincentiva la captación de inversión extranjera, precisamente en un momento en el que resulta vital atraer inversiones en energía e infraestructuras».
Estos litigios surgieron a raíz de los cambios normativos que cambiaron las condiciones que habían incentivado la llegada de más de 70.000 millones de euros en inversiones al país.
La satisfacción parcial de uno de estos laudos supone todo un logro para los acreedores, quienes lo consideran un precedente clave. Aunque celebran el avance, mantienen abiertas sus demandas ante tribunales de terceros países y continúan negociando soluciones globales. Mientras tanto, en jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica, se han autorizado medidas de protección para los inversores, incluyendo el embargo preventivo de activos pertenecientes al Reino de España.
