España cierra el año con 1.820 millones de euros de deuda por el recorte a las renovables
España lidera por segundo año consecutivo la lista de países con más laudos pendientes de pago, superando a Venezuela y Rusia
(Foto de ARCHIVO) (I-D) La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, entrega la cartera del ministerio a Sara Aagesen. Foto: A. Pérez Meca / Europa Press
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España se posiciona como el país más deudor y finaliza el 2024 con más de 1.820 millones de euros de deuda vinculada a las primas renovables, de los cuales cerca del 20% (340 millones) corresponde a sobrecostes financieros y legales.
Con 25 fallos en contra, el Reino de España lidera por segundo año consecutivo la lista de países con más laudos pendientes de pago, superando a Venezuela (20) y Rusia (10), según el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales y Tratados de Inversión 2024, elaborado por el jurista holandés Nikos Lavranos de NL Investment Consulting.
Este informe clasifica a las veinte naciones con más laudos adversos del CIADI, el centro de arbitraje del Banco Mundial, que presentan impagos. Otros Estados miembros que forman parte de este ranking son Polonia (5), República Checa (2), Croacia (1), Italia (1) y Rumanía (1).
Este año se han iniciado 52 nuevos arbitrajes por las energías ‘verdes’ contra el Gobierno de Pedro Sánchez, intensificando una inseguridad jurídica que ya ha supuesto un impacto económico de 12.400 millones de euros para España entre los años 2023 y 2024.
Según fuentes cercanas a las empresas afectadas, si los impagos continúan hasta 2025, el coste total podría ascender a 20.000 millones de euros, lo que equivale a cerca del 0,5% del PIB anual.
El recorte a las renovables
La situación se originó en 2014, cuando España retiró las primas a las energías ‘verdes’, causando pérdidas significativas y acumulando deudas con los inversionistas afectados.
Para defender sus intereses, las empresas perjudicadas llevaron el caso a centros de arbitraje de varios países como Reino Unido, Australia, Bélgica y Estados Unidos. Algunos de los procesos han fallado a favor de España, otros han resultado en fallos adversos que han supuesto deudas y varios embargos.
La negativa de España a saldar las deudas deriva de su principal argumento de que estos pagos podrían ir en contra del derecho comunitario, asi como cuestiona la validez de los laudos emitidos por el CIADI.
Ante esta postura, varias compañías han acudido a tribunales ordinarios, como a la Corte de Estados Unidos, la cual ya ha reconocido laudos en contra de España. De la misma forma, han propuesto algunas opciones de indemnización, como un canje de la deuda por bonos verdes, aseguran las fuentes mencionadas.
Por su parte, el Gobierno se mantiene a la expectativa de que la Comisión Europa decida de manera definitiva sobre si saldar las cuentas podrían considerarse ayudas de Estado por el órgano comunitario, algo que eximiría a España de pagarlas.
Por otro lado, Teresa Ribera, ahora comisaria de Competencia y Transformación Verde, ya ha asegurado que se abstendrá en cualquier decisión relacionada con este asunto con el fin de evitar conflictos de interés.
