España gana dos arbitrajes a inversores que reclamaban 72 millones por el recorte a las renovables

España ha ganado dos nuevos arbitrajes a inversores internacionales que reclamaban 72 millones de euros en relación con el recorte de las primas a las renovables.

El pasado viernes 11 de octubre se dictaron dos laudos arbitrales en los que los tribunales arbitrales apreciaron que no tenían jurisdicción para conocer de disputas de inversión entre inversores de la UE y España.

Concretamente, los inversores eran Sapec, S.A., sociedad domiciliada en Bélgica, y European Solar Farms A/S (ESF), constituida con arreglo a las leyes de Dinamarca.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señalan que «por primera se reconoce la prevalencia del derecho comunitario y la falta de competencia de tribunales arbitrales para juzgar disputas de inversión en el marco europeo».

Se trata de la primera vez que Tribunales arbitrales Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, aprecian la falta de jurisdicción para conocer de disputas de inversión puramente europeas.

Los laudos, con razonamientos muy similares, señalan que el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) tiene el significado propugnado por España y la Comisión Europea, según el cual la participación de la UE en el TCE, como organización regional de interés económico, introdujo en su ámbito de aplicación la supremacía del Derecho de la UE en el ámbito de las competencias transferidas por los Estados miembros a la UE.

Los inversores reclamaban 72 millones

En total, los inversores reclamaban más de 72 millones de euros de indemnización y más de 8 millones en costas, según explica el ministerio que todavía dirige Teresa Ribera.

En el caso de Sapec, la cuantía reclamada ascendía a 27,4 millones más intereses y casi 4 millones de costas, mientras que European Solar Farms solicitaba una indemnización de 45,1 millones más intereses y más de 4 millones en costas.

En estos procedimientos, España ha estado representada y defendida por la Abogacía del Estado (Departamento de Arbitrajes Internacionales), a quien el CIADI ha dado la razón.

«Estos dos nuevos laudos se suman a la tendencia ya iniciada por el tribunal constituido bajo las reglas de la Cámara de Comercio de Estocolmo SCC en el caso GreenPower contra el Reino España», explican desde el ministerio.

En este caso se declaró por primera vez la falta de jurisdicción para conocer de disputas intra-UE bajo el TCE y, para el ministerio, «cierran el debate sobre supuestas distinciones de tratamiento entre los tribunales constituidos bajo las reglas CIADI y las reglas de dicha Cámara».

Laudos condenatorios y pendientes de pago

Hasta la fecha, España también ha conseguido anular ante los Tribunales suecos tres laudos en los que los tribunales arbitrales apreciaron de manera errónea su jurisdicción para conocer de disputas de inversión europeas.

No obstante, aún hay numerosos laudos que condenan a España y que siguen pendientes de pago y se ha tenido que enfrentar a sentencian que abren la puerta a embargos sobre bienes españoles.

En total, hay más de 20 laudos arbitrales que con unas obligaciones que ascienden a más de 1.500 millones de euros en concepto de indemnizaciones. Cifra a la que hay que sumar otros 321 millones de sobrecostes derivados de los intereses de demora y las condenas en costas.

Los afectados llevan tiempo reclamando al Gobierno de España «una salida negociada que acabe con los incumplimientos, permita reactivar la inversión verde en España y ponga fin al bochorno internacional provocado por los embargos».

Por su parte, la estrategia del Gobierno ha pasado hasta el momento por no hacerse cargo económicamente de estos laudos y no ver competente al CIADI para dictar estas sentencias. En casos como los dos últimos y otros mencionados, la jugada le ha salido bien.