España suma otro embargo por impagos a las renovables en Bélgica y ya adeuda 1.800 millones

España vuelve a sufrir otro embargo por los impagos de las primas a las renovables. Esta vez ha sido la justicia belga la que ha autorizado embargar los ingresos que obtiene España por el control de su tráfico aéreo, transferidos mensualmente por Eurocontrol a la empresa pública Enaire. Las 26 empresas de energía renovable afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables revelan que la suma de la compensación, intereses y costes legales se sitúa actualmente en torno a 1.800 millones de euros y su ritmo de incremento ronda los 100.000 euros.

El nuevo varapalo judicial es un laudo con el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments por el que España tendrá que pagar 32 millones de euros. La justicia belga responde así a una petición presentada originalmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta finalmente por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica, que ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio mediante el cual se autoriza el embargo reclamado por la compañía afectada.

Un mecanismo que ha sido invocado por los acreedores para solicitar el embargo de los ingresos que recibe España a través de las tarifas de control del tráfico aéreo que Eurocontrol, la organización europea para la seguridad de la navegación aérea, canaliza mes a mes en sus pagos a la empresa pública española Enaire.

«No hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables«, considera el juez Degreef, quien añade que «nada impide al Reino de España cumplir voluntariamente con su obligación de pagar a sus acreedores». El fallo concluye el demandante tiene un derecho de cobro «que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado».

La deuda acumulada con Blasket Renewable asciende a casi 41 millones

La deuda acumulada con la empresa denunciante asciende a 32 millones de euros, siendo el laudo original de 28 millones, a los que se le suman 4 millones adicionales debido a los intereses de demora. Asimismo, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros por este mismo caso en concepto de condenas en costas. Por todo ello, la factura acumulada por esta disputa internacional ronda los 41 millones de euros.

Enaire es el ente encargado de la gestión de la navegación aérea en España y está certificado para funciones como la provisión del servicio de control del tráfico aéreo, la facilitación de información aeronáutica y de redes de comunicación o el seguimiento de la navegación y la vigilancia de la operativa de las aerolíneas y sus aeronaves. A lo largo de 2023, los pagos de Eurocontrol a Enaire ascendieron a 582 millones de euros, de modo que el saldo mensual promedio de la cuenta española ronda los 50 millones de euros.

Con este nuevo fallo, la justicia belga sigue los pasos de los tribunales británicos con la autorización del embargo a cargo de una de las compañías afectadas por el impago de 26 laudos que condenan a España a indemnizar con 1.560 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables.

Los tribunales británicos ya han reconocido la existencia de estas deudas y han autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias o el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.

Hasta ahora, España se ha negado a cumplir con los laudos dictados por tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial. Además de los embargos aprobados por los tribunales británicos y belgas, España está lidiando asimismo con la amenaza de la activación de un procedimiento de incumplimiento técnico de deuda (default técnico) que afectaría a cuatro títulos de deuda pública.

Piden a Ribera que facilite un acuerdo

Según apuntan desde el grupo de empresas afectadas, el daño para la economía española suma un total de 7.300 millones de euros «en términos de mayor riesgo e incertidumbre o encarecimiento de la financiación». Las empresas afectadas desean llegar a un acuerdo con el Gobierno han propuesto «una solución constructiva que permita poner fin al litigio y articular el pago de las obligaciones pendientes».

Asimismo, los afectados también se han mostrado abiertos a reinvertir en España, siempre y cuando «se restablezca la seguridad jurídica». Por otro lado, critican la posición de la que ministra de Transición Ecológica y Vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, que dejará la cartera y previsiblemente presentará su candidatura a formar parte de la próxima Comisión Europea.

Las empresas afectadas señalan que Ribera ha bloqueado hasta a fecha «cualquier acuerdo con los acreedores, agravando un problema que se originó bajo gobiernos anteriores y dejando a España en una situación muy delicada». Por ello, piden a Ribera que, ante su posible salto a Bruselas, facilite un acuerdo que despeje la situación, evite nuevos embargos y despeje las dudas sobre su compromiso con los inversores en renovables.