España cierra las reglas fiscales entre dudas de si cumplirá con el objetivo de déficit para 2024

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, cerró este miércoles «con broche de oro» la presidencia española del Consejo de la Unión Europea con el expediente que más se ha complicado: la reforma del marco de gobernanza económica de la Unión, las conocidas como reglas fiscales, que volverán a estar en vigor el año que viene tras permanecer en suspenso desde la pandemia.

Si bien aún queda negociación con el Parlamento Europeo por delante en los llamados trílogos (reuniones de la Comisión, Consejo y Eurocámara), el acuerdo político alcanzado de manera unánime entre los Veintisiete permite establecer un marco que entrará en vigor en 2025, pero que ya da una referencia para el año próximo.

«El acuerdo unánime muestra el equilibrio de la propuesta que la presidencia española ha puesto sobre la mesa hace unas horas, un texto que garantiza la reducción sostenida y gradual de las ratios de déficit y deuda con un impacto contracíclico y protegiendo las inversiones públicas en ámbitos prioritarios», se congratuló la vicepresidenta Calviño, tras la reunión telemática y extraordinaria del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin) en la que se cerró el dossier más complejo del mandato.

Los umbrales clave seguirán siendo los mismos que establecen los tratados europeos, estableciendo un máximo del déficit del 3% del PIB y una ratio de deuda pública del 60%. Ahora bien, la reducción de los desequilibrios fiscales se hará ahora mediante sendas de ajuste negociadas entre los países y la Comisión Europea, de manera similar a como se ha hecho con los Planes de Recuperación tras la pandemia, de cuatro años pero ampliable a siete si se incluyen reformas en algunas de las prioridades de la UE, como la transición energética o la digitalización. La nueva referencia que tendrá en cuenta la Comisión será el gasto primario neto, que excluye el desembolso en intereses de la deuda, entre otras cuestiones.

El Plan Presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas el pasado octubre contemplaba una reducción del déficit hasta el citado 3%, aunque lo hacía en un escenario de políticas constantes y sin tener en cuenta algunas decisiones tomadas a posteriori, como la anunciada prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024, y con varias de las medidas antiinflación aún en el aire.

En el Ministerio de Hacienda, ahora ascendido a Vicepresidencia, defienden sus cuentas, pero organismos como el Banco de España, esta misma semana, han cuestionado que el desequilibrio fiscal vaya a reconducirse hasta ese punto el año que viene.

Los cálculos del Ejecutivo pasan por que este año el déficit cerrará en el entorno del 3,9% del PIB, mientras que el año que viene se alcanzará el 3%, que impediría que a España le pudieran abrir el Procedimiento de Déficit Excesivo. De hecho, sería un logro tras el desequilibrio provocado por la pandemia y la guerra de Ucrania.

Ahora bien, el Banco de España es ligeramente más optimista para el cierre de este año (3,8% de déficit) pero no cree que la reducción permita alcanzar el umbral del 3% el año que viene. En sus proyecciones macroeconómicas publicadas esta semana, el supervisor calcula que el desequilibrio será del 3,4% el año siguiente, para aumentar la brecha hasta el 3,6% el año próximo.

En cuanto a la deuda pública, nuestro país todavía está muy lejos de situarse en el 60% de la ratio sobre el PIB. El Gobierno estima que ya este año se cerrará en el 108,1%, mientras que alcanzará el 106,3% en 2024. El Banco de España amplia su horizonte de previsión y aunque mejora la situación de la deuda para 2023 (107,3%), iguala la posición para el año que viene (106,3%) pero arroja un incremento para 2025 (107,2%) y 2026 (108,4%).

Es decir, en ambos casos no se cumpliría con lo establecido en el marco cerrado por la presidencia de Calviño, que ha definido estas reglas como «más creíbles y realistas», ya que incorporan las lecciones aprendidas tras el choque de la pandemia y tras la gestión de la crisis financiera.

Las salvaguardas para este acuerdo pasa por establecer una reducción efectiva media anual de un punto porcentual para los países que tengan una deuda superior al 90% y de medio punto para aquellos que se encuentre entre el 60% y el 90% de deuda sobre el PIB.

Además, también se incluye una salvaguarda que establece un margen fiscal de 1,5 puntos de PIB para permitir adoptar medidas de choque en el caso de sucesos imprevistos. Esto implica que los países tendrán que tratar de reducir su déficit hasta el 1,5%, más allá de la referencia del 3% que establecen los tratados.

El déficit estructural primario -sin contar intereses, entre otras partidas- tendrá que ajustarse en cuatro décimas al año, aunque podría reducirse a 0,25 puntos porcentuales en el caso de que las sendas de ajuste pasen de cuatro a siete años.

Además, se ha creado un régimen transitorio de tres años, hasta 2027, para suavizar el impacto de la subida de los tipos en la carga de intereses, protegiendo la capacidad de inversión de los países.

El acuerdo se ha logrado tras meses de discusiones y tras una negociación bilateral capitaneada por Francia y Alemania, los dos líderes de cada uno de los bloques, con la presencia de Italia en las negociaciones finales.

El acuerdo político deja paso a las negociaciones entre los embajadores de los Veintisiete ante la UE, tras lo cual se negociará con el Parlamento Europeo para consensuar un texto definitivo antes de las próximas elecciones europeas, que tendrán lugar el próximo año. La próxima presidencia de turno, la belga, tendrá de unos tres meses para cerrar el texto que marcará desde 2024 el devenir de las cuentas públicas europeas.