Escrivá y los despachos difieren sobre la regularización de casi un millón de interinos tras la sentencia del TJUE

El ministro José Luis Escrivá tiene que hacer frente al primer gran problema en su responsabilidad como titular de Función Pública. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicada este jueves sostiene que los empleados públicos interinos que llevan años encadenando contratos temporales para cubrir una plaza tendrán que ser convertidos en indefinidos, ya que la Justicia europea considera que es la única manera de sancionar ese abuso de la administración.

Según cálculos de los despachos especializados, la sentencia podría afectar a cerca de un millón de empleados públicos, de los casi tres millones de funcionarios con los que cuenta el Estado, de acuerdo con los últimos datos de Función Pública.

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública aseguran que están estudiando el contenido de la sentencia, pero no pueden dar cifras de a cuántas personas podría afectar el dictamen del Alto Tribunal Europeo.

«Lleva a la transformación en fijos a todas las víctimas de abuso»

El abogado Javier Araúz, que ha representado a los interinos y temporales del sector público, asegura en un comunicado que la sentencia «lleva necesariamente a la transformación en fijos de todos los empleados públicos que son víctimas de un abuso»

Esto es así, detalla Araúz, «pues rechaza que las medidas articuladas por el Gobierno de España o aplicadas por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, como son el indefinido no fijo, la posibilidad de una indemnización a la extinción del contrato o la convocatoria de procesos de estabilización, como los convocados al amparo de la Ley 20/2021, cumplan con los requisitos que exige la Directiva 1999/70».

Según los cálculos de este letrado, la sentencia podría dar fijeza a más de un millón de trabajadores públicos que se encuentran en situación de abuso en su contratación temporal.

Los sindicatos piden tranquilidad

Por su parte, el despacho Navas & Cusí, que presentó una queja ante la Comisión Europea en julio de 2021 en nombre de Empleados Públicos en Abuso (EPA), cifra en unos 800.000 los empleados públicos españolas que podrían verse afectados. La cifra, eso sí, depende de cuántos se encuentren en esa situación tras los procesos de consolidación de plazas que ha puesto en marcha el Gobierno y afecta sobre todo a los sectores de la Sanidad y la Educación.

El sindicato CCOO envió un comunicado pidiendo «tranquilidad» a los empleados públicos, asegurando que hay más de 500.000 plazas convocadas en todas las administración públicas, por lo que hay un alto grado de potenciales beneficiarios que ya habrían adquirido la fijeza de su puesto de trabajo.

«Esperando que este año que finaliza el proceso de estabilización en el empleo, comprometido así con la unión europea, pueda resolverse favorablemente el mismo, a la vez de poder acometer el necesario rejuvenecimiento de las plantillas y el reconocimiento de las mismas a su carrera y promoción profesional, hecho del todo legítimo y necesario», dice la central.

Escrivá se ha comprometido a eliminar la tasa de reposición

De acuerdo con el Ministerio que dirige Escrivá, más de 225.000 de esas plazas a consolidar ya han adquirido esa condición, cumpliendo el 75% del objetivo de 300.000 plazas a final de 2024. Además, el Ejecutivo se ha comprometido a eliminar la tasa de reposición para mantener las plantillas de funcionarios.

En concreto, la sentencia, a la que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, apunta que en el caso de considerar que se ha producido un abuso en cuanto a la concatenación de contratos temporales para interinos, pasar a convertirlo en un «indefinido no fijo» no es una respuesta adecuada, ya que sigue siendo una figura temporal. Tampoco el hecho de que los trabajadores puedan reclamar una compensación a la Administración ni que el Gobierno, mediante la apertura de procesos de consolidación de empleo temporal, pueda ser una medida correctiva, ya que estas convocatorias deberían ser independientes.

«A falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar, con arreglo a esta cláusula 5, los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir tal medida», defiende la instancia europea. Esta medida correspondería tomarla a los tribunales nacionales, eso sí.