Solo seis de las catorce empresas controladas por la Sepi cumplen con la Ley de Paridad

Solo seis de las 14 empresas que controla mayoritariamente la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) cumplen con los criterios que establece la Ley de Paridad, que entra en vigor este jueves en medio de una polémica por un error técnico que deja desprotegidos a los trabajadores que pidan o disfruten de una adaptación de jornada.

La Ley Orgánica 2/2024, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, fija una presencia mínima del 40% de mujeres en diversos ámbitos, desde lo público (Consejo de Estado, Gobierno, Tribunal de Cuentas…) y lo electoral, hasta el mundo sindical o empresarial, ya que las grandes compañías tendrán que contar con esa representación mínima en los consejos de administración y también en el resto de los órganos directivos.

Las compañías que pertenezcan al Ibex 35 tendrán de margen hasta el 30 de junio de 2025 para adaptarse, un plazo que se eleva hasta 2026 para el resto de cotizadas. Sindicatos y patronales contarán con casi cuatro años para tener direcciones paritarias.

Correos o Navantia incumplen la paridad

Sin embargo, y a pesar de que en el Gobierno ya existe paridad, con 11 ministras por 11 ministros (sin contar con el presidente, Pedro Sánchez), en el caso de las empresas públicas el matiz es notoriamente distinto.

De las 14 empresas en las que el principal brazo público inversor, la Sepi, tiene mayoría accionarial, solo en seis se cumple con la representación mínima exigida. Y aquí la mano del Gobierno es clave, ya que la composición de los consejos de administración de estas compañías en buena parte responde a las designaciones de los distintos ministerios con intereses sobre las compañías.

Las seis compañías que cuentan con al menos un 40% de representación femenina son el Grupo Tragsa, dedicada a actuaciones medioambientales y de desarrollo rural; Mercasa, que gestiona los grandes mercados de distribución alimentaria; Enusa, que gestiona uranio; Mayasa, relacionada con la explotación del Parque Minero del Almadén y la investigación sobre los efectos del mercurio; Cetarsa, dedicada a la transformación y comercialización de tabaco en rama; y Saeca, que ofrece financiación al sector primario.

Estos consejos de Administración contrastan con el resto de las compañías controladas por la Sepi, donde la presencia masculina es dominante (en el caso de COFIVACASA, solo hay un administrador único). Hay compañías como la minera Hunosa o Correos, que ahora preside Pedro Saura, donde los hombres copan el 80% de los puestos del Consejo de Administración. Tampoco es un ejemplo Navantia, un consejo en el que sí tienen cabida los sindicatos, como aspira a replicar en el resto de empresas la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Hay otra empresa en la que la Sepi cuenta con el 100% del capital: la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE). En este caso, la propia naturaleza del ente es particular, ya que el consejo es designado por el Parlamento. En la actualidad, de los nueve consejeros, cuatro son mujeres (incluida la presidenta interina, Concepción Cascajosa), por lo que el porcentaje también cumple con el mínimo exigido por la Ley de Paridad.

Redeia, ejemplo en el universo de la Sepi

Además de esas empresas donde la Sepi tiene la mayoría del capital, hay otras grandes empresas donde el Estado cuenta con un porcentaje suficiente como para marcar los designios de la compañía. Es el caso de Redeia (la antigua Red Eléctrica), con un 20% de las acciones de la compañía. Esta entidad, dirigida por la exministra Beatriz Corredor, es componente del Ibex 35 y ya cuenta con un consejo paritario. De los 12 consejeros, seis son hombres y otros seis son mujeres.

Otra compañía donde el Estado cuenta con una participación relevante es Indra, estratégica para el sector de la Defensa. Aquí alcanza el 28% de las acciones. La compañía que preside Marc Murtra tiene a solo cinco mujeres en su consejo, que cuenta con 16 componentes.

En Hispasat, la empresa que preside Pedro Duque y que está controlada por Redeia, la proporción de mujeres es mucho menor: apenas tres de 13 miembros del consejo.

La última entrada accionarial de la Sepi se ha producido en Telefónica, con un 10% del capital social para contrarrestar la entrada de la teleco saudí STC. Aquí la sociedad estatal designó a un representante en el consejo -Carlos Ocaña- tras la renuncia voluntaria de la consejera Carmen García. Ahora mismo el Estado valora designar a un segundo representante en la mesa, un nombre para el que suena una mujer ya conocida en la compañía y en el Gobierno: la ex secretaria de Estado Carme Artigas.

Polémicos cambios en el despido

La Ley de Paridad entra en vigor pero queda poco tiempo para que sea modificada por primera vez. La disposición final novena de la ley incluye cambios en el Estatuto de los Trabajadores que han dejado sin una protección especial del despido a los empleados que soliciten o que estén disfrutando de una jornada adaptada para conciliar.

Esta protección se incluyó en la ley en junio de 2023 e Igualdad hizo un 'cortapega' de la Ley Trans, de ese mismo año pero anterior. Al introducir a las víctimas de violencia sexual en los supuestos previstos para que sea nulo el despido, se olvida incluir a las personas que se hayan acogido al nuevo permiso de "cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella".

El Gobierno se ha comprometido a enmendar este "error técnico", en palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en cuanto el calendario legislativo permita incluir una enmienda para incluir, de nuevo, a ese colectivo.

La Ley de Paridad también será objeto de recurso al Tribunal Constitucional porque el Gobierno aprovechó esta norma para eliminar el veto del Senado a la senda de déficit que apruebe el Consejo de Ministros, una disposición incluida en la Ley de Estabilidad Financiera y que exige la aprobación de ambas cámaras para el primer paso en el trámite presupuestario.