Las eléctricas estudian recurrir el polémico impuesto a las renovables en Aragón

Aragón tiene nuevo impuesto al sol y el viento. Ha entrado en vigor un gravamen sobre parques eólicos, fotovoltaicos y líneas eléctricas de alta tensión que puede tener poco recorrido. Diversas empresas eléctricas ya se plantean recurrir por la vía legal esta nueva situación fiscal. 

Según ha podido saber ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, diversas empresas del ámbito renovable que se verían afectadas por el nuevo impuesto estarían en fase de estudio para recurrirlo. Se trata de un escenario inicial, pero los análisis pertinentes ya se estarían llevando a cabo.

El hilo del que tirar, según ha conocido este medio, será la doble gravación de algunos conceptos, y que por lo tanto incurre en un conflicto fiscal. 

Para las empresas no ha servido el recorte de perspectivas de recaudación que tenía el Gobierno de Aragón. El impuesto a las renovables ha sufrido finalmente un recorte del 20%. La Consejería de Hacienda estima que la merma de recaudación ascenderá a 4 de los 20 millones previstos en los presupuestos de este año con la rebaja acordada en la ponencia que ha estudiado el proyecto de ley de PP y Vox.

Los presupuestos autonómicos en vigor preveían recaudar con este tributo hasta 12 millones por el impacto de los parques eólicos en servicio y otros 8 millones provenientes de las plantas solares en explotación. 

Las quejas sobre este impuesto han sido generalizadas desde el primer momento, pese a que el PP ha sostenido hasta el último momento que este gravamen no terminará teniendo un impacto sobre las inversiones que llevan a cabo las empresas en la región. 

Los portavoces populares del parlamento de Aragón sostienen que la recaudación será positiva puesto que se destinará a zonas despobladas, y eso impactará en una mejora generalizada del territorio. 

Las empresas no lo ven igual 

Dos de las principales energéticas hicieron constar en su momento las reticencias que les provocaba el impuesto. En la fase de alegaciones, mientras se estuvo preparando la ley, desde Iberdrola estimaban que «el resultado previsible es que se desincentivará la inversión en este tipo de instalaciones en Aragón. Esto pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del gobierno aragonés, y significa que las inversiones necesarias para cumplir con los objetivos del PNIEC —plan nacional de energía— se acometerán preferentemente en otras Comunidades Autónomas».  

La principal gasista española, Naturgy, también reflejó en sus alegaciones al anteproyecto que «si bien existen otras figuras autonómicas que podrían ser similares (como el Canon Eólico en Galicia), la creación de una nueva figura fiscal no homogénea con el resto que comunidades autónomas podría ser discriminatoria y llevar a una desventaja competitiva de unos territorios frente a otros». 

Sostenían desde la compañía presidida por Francisco Reynés que «se deben evitar duplicidades con otros instrumentos existentes. Referido a esto, por un lado, la propia Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que acompaña al desarrollo, asegurando que éste sea sostenible e integrador y garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación». 

La empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán estimaba que «para conseguir incentivar la economía y atraer inversión de futuro (nueva industria a la región asociada a los bajos costes energéticos renovables) se debe realizar una reforma fiscal medioambiental basada en el principio de ‘Quien contamina paga’ que dé las señales correctas e internalice los daños reales de las distintas energías, justo lo contrario de lo que se propone».

Al igual que la gasista, desde la principal eléctrica española, y que cuenta con 14 parques eólicos en la región, creen que «no es positivo a largo plazo generar un mayor desincentivo a la inversión limpia en Aragón respecto a otras regiones geográficos».  

Otra de las compañías que presentó alegaciones, Engie España, estimaba que «la carga fiscal a la que actualmente hacen frente las instalaciones eólicas y fotovoltaicas ya es elevada, fomentando el desarrollo de la actividad económica de las zonas donde se encuentran instaladas (…)». Sugerían que «el Gobierno de Aragón debe reconsiderar la aplicación de un nuevo impuesto al sector eólico y fotovoltaico si se quiere alcanzar los objetivos medioambientales de descarbonización europeos y nacionales».