El verano en que los empresarios se plantaron al fin ante la política económica del ‘sanchismo’

La patronal afronta la negociación para recortar la jornada legal de 40 horas semanales a 37,5 horas como, ahora sí, una negociación. Después de un ultimátum fallido del Gobierno, que llegó a acusar a los empresarios de «burlarse» del diálogo social, el cambio de tono beneficia a los intereses de CEOE y Cepyme, las organizaciones empresariales presentes en las conversaciones.

El Ejecutivo ha dado un giro de 180 grados en sus formas con los empresarios, después de que La Moncloa hiciera notar algo a los negociadores del Ministerio de Trabajo: sin un acuerdo social firmado por CEOE y Cepyme, será muy difícil que el Congreso apruebe la reforma, ya que los votos del PNV y Junts son necesarios. Incluso abriría la puerta a una abstención del PP, que ya lo hizo en una primera toma de posición en la Cámara baja.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se afanó esta semana en atraer a los empresarios. En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Díaz insistió en las bondades del recorte de jornada, ya que potenciará la productividad y dará más tiempo para otras actividades. También, en lugar de un «trágala», aceptó que fuera una reducción «ordenada, pero no ‘fake'».

El Gobierno ha flexibilizado su posición en las últimas semanas y ha ofrecido una transitoriedad durante todo 2025 para la entrada en vigor de esta jornada reducida, así como la posibilidad de más horas para distribuir irregularmente durante el año, con la vista puesta en aquellos sectores con picos de actividad (como la hostelería en verano o el campo en las épocas de cosecha) que también serían los más afectados por los cambios en el tiempo de trabajo.

La vicepresidenta Díaz reconoció en público por primera vez que un acuerdo social no será garantía suficiente para que el recorte de jornada salga adelante, algo que sonó a un intento de colocar la venda antes de la herida: «Me encuentro en una disyuntiva difícil. Podemos alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo social y ser tumbado, como casi pasa con la reforma laboral».

Los empresarios han elevado el tono en las últimas semanas y se saben fuertes, debido a los equilibrios del Gobierno para convencer a sus socios. No es lo mismo subir el salario mínimo interprofesional (SMI) con los empresarios en contra (el Real Decreto es prerrogativa exclusiva del Ejecutivo), que sacar adelante una norma que han de votar las Cortes Generales.

El tono más duro lo adoptó el vicepresidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, precisamente porque son las pequeñas empresas las que van a estar más afectadas por el recorte de jornada. «Está demostrándose que hay poco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas», dijo durante la Asamblea Anual de la organización, en la que se leyó un manifiesto contra el intervencionismo del Ejecutivo.

Sobre las negociaciones, las patronales son discretas, más allá de la toma de posición del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cada vez que se le pregunta por este asunto. «Esto que se está planteando es abrir en vena, abrir en canal, absolutamente todos los convenios de España», dijo el jueves, aunque matizó que la mesa de diálogo social «sigue abierta».

El Gobierno ha llevado el acercamiento con los empresarios hasta el punto de bloquear la entrada de Conpymes, la patronal rival de CEOE, en el diálogo social. La modificación de la representación empresarial en el diálogo social está tanto en el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar como en el Plan Normativo Anual para este año. Y esta semana Yolanda Díaz cerró la puerta: «Voy a cumplir rigurosamente la ley», respondió al respecto.

En el futuro, y una vez se cierre la mesa de diálogo sobre jornada, el Gobierno pretende retomar la reforma del despido, tocando las indemnizaciones para aquellos improcedentes y también la causalidad de los objetivos. Está por ver si consigue que los empresarios se sumen a esta propuesta.