El retraso en las reformas se contagia a los fondos UE: menos del 30% ejecutado a año y medio del plazo

La dificultad del Gobierno para sacar adelante las reformas vinculadas a los pagos del Plan de Recuperación no solo está provocando un retraso en la recepción de los fondos europeos, sino que ya está afectando al ritmo de ejecución de los mismos: a cierre de 2024 se ejecutaron poco más de 43.500 millones de euros, un 30% del total.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lanzó la advertencia este martes con la actualización de su Observatorio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una herramienta diseñada por sus técnicos para dar seguimiento a la gestión del ‘maná’ europeo. Y, si bien los ayuntamientos y las empresas públicas están manteniendo el ritmo de gestión, tanto el Gobierno central como las Comunidades Autónomas habrían rebajado el ritmo de concesión de licitaciones y subvenciones.

En total, a cierre de 2024, se habían formalizado 43.553 millones de euros, según la Autoridad Fiscal, lo que representa un 26,7% de los 163.000 millones de euros en fondos europeos que España tiene asignados. El porcentaje asciende al 54,5% si solo tenemos en cuenta la parte de las transferencias no reembolsables (79.854 millones), más fáciles de fiscalizar que los préstamos que se están concediendo a través de distintas facilidades en manos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Pero el año pasado el porcentaje de contratos formalizados (13.347 millones) fue un 5% inferior al de 2023 (14.118 millones) coincidiendo con un ejercicio sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) en vigor y con un retraso de más de un año en la recepción del cuarto pago de los fondos europeos.

La historia parece volver a repetirse en 2025. El Gobierno, a través de su portavoz, la ministra Pilar Alegría, reiteró su intención de presentar las Cuentas antes de que termine el primer trimestre y el acuerdo con Junts para delegar las competencias en materia de migración parece acercar un potencial acuerdo. Pero, de momento, las cuentas prorrogadas son las de 2023 y el quinto pago, que el Ejecutivo solicitó formalmente con el último Consejo de Ministros de 2024, aún no ha llegado.

Este desembolso, valorado en 25.000 millones de euros (9.100 millones en transferencias y 16.000 millones en préstamos), aún está siendo valorado por la Comisión Europea. Consultadas por este periódico, fuentes del Ministerio de Economía -el principal interlocutor con Bruselas- apuntan que las conversaciones siguen abiertas y que aún no hay una fecha tentativa para recibir el aval comunitario.

Uno de los principales escollos para la luz verde es la reforma fiscal. Aunque el Gobierno consiguió aprobar un paquete tributario a través de la Ley del Impuesto mínimo complementario a las grandes empresas, incluyendo el gravamen a la banca, Bruselas exigió para valorar el hito de manera completa que también se equipare la tributación del diésel a la de la gasolina.

El Gobierno trató de incluirlo en el Real Decreto-Ley ómnibus que aprobó a finales del año pasado junto con la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte, entre otras medidas. Pero las desavenencias entre los socios desaconsejaron a Hacienda incluirlo. Esta subida ahora mismo está en ‘stand-by’, con Podemos, el partido más beligerante, negándose a apoyarla si no se incluye el impuesto extraordinario a las energéticas, que ya derogó el Congreso por la falta de apoyos.

Este retraso a la hora de afrontar algunos compromisos, más allá de suponer un pago parcial del desembolso, como ya ocurrió con el cuarto pago, pone en jaque la ejecución completa del programa. Según el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los fondos europeos han de estar comprometidos a 31 de agosto de 2026, lo que deja muy poco margen para abordar todas las inversiones.

Los préstamos son quizá la pata más delicada. El Gobierno canalizó gran parte de estos créditos a través de una serie de fondos. Uno de los más cuantiosos, de 20.000 millones de euros, se lo encargó al BEI, ahora presidido por la exvicepresidenta Nadia Calviño. Sin embargo, en la presentación de los resultados de la entidad en España, el ‘brazo financiero’ de la UE reconoció que, de momento, había comprometido solo 1.500 millones de euros.

Otra serie de fondos se están canalizando a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), la conocida como ‘Sepi digital’ que el Gobierno lanzó a finales del año pasado. El último anuncio, de este mismo martes, lo hizo el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, desde Barcelona con motivo del Mobile World Congress: una inversión de 67 millones en la empresa vasca Multiverse Computing.

Según la plataforma ELISA, diseñada por el Ministerio de Economía, a cierre de enero se habían resuelto convocatorias por valor de 48.663 millones. Es decir, más de lo que se ha recibido en transferencias por parte de Bruselas.