El recorte de jornada choca con las inquietudes de las empresas: política y mano de obra

Las negociaciones para el recorte de la jornada legal de 40 horas semanales a 37,5 horas se encuentran ya a punto de concluir. El ultimátum que el Gobierno dio a las patronales para presentar una propuesta el próximo lunes da a entender que las posibilidades de acuerdo son limitadas, lo cual añade mayor peso a la principal preocupación de las empresas españolas: la política.

Desde finales de 2020 y hasta la actualidad, la incertidumbre sobre política económica es uno de los principales factores que condicionan la actividad de las empresas, tal y como ellas mismas apuntan en la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE). Este es un factor que tiene mucho que ver con la incertidumbre del contexto en general (a finales de 2020, en plena pandemia de COVID-19 alcanzó su pico, con más del 70% preocupadas), pero también con la acción de Gobierno.

Desde entonces, y con la ligera excepción del segundo trimestre de 2023, con unas elecciones generales adelantadas, más de una de cada dos empresas han asegurado que la política económica condiciona mucho su día a día. Desde finales del año pasado, y tras aliviarse el precio de la energía, es el principal factor adverso para las compañías.

El recorte de jornada añade incertidumbre y lastra la inversión

Esta inseguridad se traslada a la economía a través de un factor clave. Lo expuso el director de Economía y políticas sociales de Cepyme, Francisco Vidal, durante una jornada organizada por la patronal para hablar de la productividad en la pequeña y mediana empresa. «Esa incertidumbre a su vez se nota en los niveles de inversión», expuso, una variable macroeconómica que aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia y que es la clave para el crecimiento económico del país.

El borrador que puso el Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, sobre la mesa, y al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, pasa por un recorte homogéneo de la jornada, independientemente del tamaño empresarial o del sector productivo en el que ejerza su actividad.

Esto es un error, creen desde la patronal de la pyme, ya que supondría dar una estocada a muchas empresas que no pueden permitirse esas adaptaciones de jornada y que supondría, dicen, recortes en la producción y no ganancias en productividad. «La pyme española no está en capacidad de recortar la jornada de manera generalizada (…) La imposición de la jornada laboral puede ser equivalente a una cuantía como duplicar el impuesto de sociedades», denunció el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

La recaudación del Impuesto de Sociedad del año pasado ascendió a 35.000 millones de euros. Según los cálculos de la organización empresarial, el recorte de jornada añadiría 40.000 millones más a la factura.

Las vacantes, otro factor

Además, el recorte de jornada también afecta al segundo condicionante para las empresas de todo el país: la disponibilidad de mano de obra. Cuatro de cada diez empresas aseguran tener problemas para encontrar trabajadores, un problema que se agrava en tres de los sectores menos atractivos pero a la vez fundamentales para el tejido productivo español: la agricultura, la construcción y la hostelería. Aquí, más de la mitad de empresas dice estar preocupada por la mano de obra… y también son los sectores donde más golpearía la jornada.

El recorte de jornada puede ser una estocada definitiva para algunas compañías y sectores. El Banco de España ya advirtió en contra de un recorte de jornada homogéneo, sin tener en cuenta las peculiaridades de las distintas ramas de la actividad, ya que podría afectar a la productividad de la economía española en su conjunto.

En su Informe anual sobre la economía española, correspondiente a 2023 y que cuenta con un capítulo dedicado a la evolución del mercado laboral, la entidad apunta a que existe una «tendencia secular decreciente» en cuanto a la duración del tiempo de trabajo, a pesar de que se mantenga desde 1983 en las cuarenta horas legales, como establece el Estatuto de los Trabajadores.

Desde entonces, no ha dejado de caer. Según los datos de la Encuesta de Población Activa que recoge el Banco de España, entre 2005 y 2023 se ha reducido la duración de las horas semanales en el empleo principal y a jornada completa en 48 minutos, hasta las 38,9 horas semanales. En estos mismos 18 años, las horas efectivas de trabajo se han reducido hasta las 33,1 horas semanales.

«Esta reducción debe entenderse como parte de un proceso tendencial que, tanto en España como a escala global, responde fundamentalmente a diversos factores de índole estructural, como el aumento de peso en la actividad de las ramas de servicios, la mayor participación laboral femenina y el aumento de la ratio de parcialidad, así como las mejoras de productividad que se han derivado, principalmente, de la introducción de múltiples cambios tecnológicos», argumenta el supervisor.

«La caída observada en la duración de la jornada laboral media ha sido muy heterogénea por sectores y empresas, lo que ha permitido que dicha jornada se adecuase a las características específicas de las empresas, a sus efectos desiguales sobre la productividad y los costes laborales y a las preferencias de los trabajadores», justifica el documento.

Y es precisamente esa heterogeneidad la que debe mantenerse «si se quieren evitar los posibles efectos negativos de esta medida sobre los costes laborales, la productividad y el nivel agregado de empleo y actividad».