Récord de gasto público en 2024: roza los 200.000 millones pese al menor crecimiento

El Gobierno ha dado luz verde al límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto, con el que elaborará los Presupuestos Generales del Estado de cara a 2024. En concreto, este tope será un 0,5% superior al de las Cuentas de 2023, alcanzando los 199.120 millones de euros, contando con los fondos Next Generation EU que vienen de Bruselas, y a pesar de que el crecimiento se espera que sea raquítico el año que viene.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha informado de las cifras en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que también ha aprobado los objetivos de estabilidad que ahora se remiten al Congreso de los Diputados. En concreto, la nueva trayectoria planteada por el Ejecutivo pasa por un déficit del 3% en 2024, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.

Montero ha valorado que esto permitirá cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que fija un máximo del 3% de déficit. Sin embargo, seguiremos con una deuda pública elevada, lo que impedirá alcanzar el 60% de la ratio sobre el producto interior bruto (PIB) que fijan los tratados europeos.

«Hemos hecho compatible esa reducción del déficit que se plantea por esas reglas fiscales con un crecimiento económico que está experimentando España por encima de la Unión Europea», ha asegurado la vicepresidenta. El Gobierno prevé que el año que viene la economía avance un 2%, unas previsiones optimistas en relación con el resto de observadores, que calculan incrementos en el entorno del 1,7%.

Margen de gasto para nuevas medidas contra la inflación

Los nuevos objetivos de estabilidad aprobados por el Gobierno dan mayor margen fiscal a las comunidades autónomas y las entidades locales, en comparación con las cifras recogidas en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado mes de abril. En concreto, se ha flexibilizado una décima el margen para las regiones, que podrán incurrir en un déficit del 0,1% frente al equilibrio presupuestario previsto para 2024, mientras que Ayuntamientos y Diputaciones podrán cuadrar sus cuentas en equilibrio, cuando antes se les exigía un superávit del 0,2%.

Montero ha valorado que este mayor margen fiscal será a costa de la Administración General del Estado, que asumirá un menor déficit de lo previsto con anterioridad.

Los objetivos de estabilidad ahora tendrán que ser aprobados por el Congreso y, más importante, por el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que esta senda ha de recibir el visto bueno de ambas cámaras y, en el caso de rechazarlas, tendría que aprobarse de nuevo la senda en el Consejo de Ministros y someterla a una nueva votación.

En Hacienda defienden que cuentan con un informe de la Abogacía del Estado que establece que, si decae la senda en dos ocasiones, se volverían a los objetivos recogidos en el Plan de Estabilidad, con menor margen para Ayuntamientos y entidades locales.

La vicepresidenta ha asegurado además que el nuevo techo de gasto permitirá suficiente margen de gasto para abordar la toma de nuevas medidas o la prórroga de algunas, como la ya anunciada rebaja del IVA a los alimentos. Montero ha apuntado que los ingresos tributarios cerrarán 2023 con un crecimiento en el entorno del 9%, pero que será a finales de diciembre cuando se decida qué medidas permanecen y cuáles no. «No hemos agotado la totalidad del techo de gasto que teníamos, según el Plan Presupuestario. Hemos sido muy prudentes respecto a la presupuestación, de manera que nos permita mayor holgura para poder abordar algunas de las medidas prioritarias que tengamos que seleccionar para hacer frente al mantenimiento de algunos precios», ha asegurado.

La titular de Hacienda ha apuntado que el calendario que maneja el Ejecutivo para por tener las cuentas aprobadas a finales de marzo o, como muy tarde, principios de abril. Ha reclamado al PP «sentido común» y no «tirar piedras sobre su propio tejado», bloqueando la tramitación de las cuentas al rechazar unos objetivos de estabilidad que permitirán mayor gasto a unas CCAA gobernadas en su mayoría -12 de 17- por el PP.