El Gobierno desoye a Bruselas y al Banco de España con la prórroga del IVA reducido en los alimentos
Las autoridades europeas llevan tiempo recomendando evitar medidas generalizadas y apostar por otras focalizadas, como bonos para colectivos vulnerables
La anunciada prórroga del IVA reducido a los alimentos básicos va en contra de las recomendaciones que organismos como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, así como otros nacionales como el Banco de España, vienen haciendo al Gobierno para cuadrar las cuentas públicas.
Esta medida, generalizada, tiene un elevado coste para las Administraciones Públicas, al tiempo que las reglas fiscales están de nuevo en vigor y el umbral del déficit al 3% del producto interior bruto (PIB), para no incurrir en incumplimientos, vuelve a estar activo.
El Ejecutivo prorrogó a finales del año pasado la medida, rebajando al 0% algunos alimentos básicos como la fruta o la leche; y recortando del 10% al 5% otros como las pastas y el aceite. Esta rebaja del IVA, junto con las rebajas en la electricidad y el gas, tuvieron un coste cercano a 1 punto porcentual del PIB, según el Fondo Monetario Internacional, en tanto que las medidas para la primera mitad del año supondrán en torno a dos décimas de PIB.
Las autoridades europeas llevan tiempo reclamando que las autoridades pongan fin a las medidas de apoyo a la población que se aprobaron por parte para hacer frente primero a la pandemia y, más tarde, a los shocks energéticos e inflacionarios derivados de la invasión rusa de Ucrania. El objetivo es que el tejido productivo vaya absorbiendo estos costes, al tiempo que las Administraciones vayan generando colchones fiscales de cara a futuras disrupciones.
Preguntado específicamente por la prórroga o no de la reducción del IVA, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, se mostró contrario a «medidas relativamente generalizadas que tenían un grado muy limitado de focalización». Así, señaló que, de acuerdo con los estudios realizados por la institución, «con un cheque o bono que se diera a las familias que estuvieran en las tres decilas más bajas» de la renta, se garantizaría el mismo grado de protección con un coste presupuestario que sería la mitad.
«Hay medidas más focalizadas que permiten ofrecer ayudas a los hogares de forma más eficiente, pero las presiones inflacionistas para los alimentos van a ir decreciendo de manera apreciable», insistió Gavilán.
A falta de que se publiquen este jueves los datos relativos a mayo, en abril la inflación de los alimentos repuntó al 4,7% y el Banco de España ya calcula que, de media, este año cierren con un incremento en el entorno del 4,5%.
Ahora bien, tanto los indicadores de precios industriales de la alimentación como de la importación de alimentos y materias primas ya están indicando caídas de la inflación y, en el caso de la importación, hasta la caída de los precios, algo que no debería tardar en trasladarse a la cesta de la compra.
El anuncio de la prórroga lo hizo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista, aunque reconoció que la medida tendría que conseguir el aval del Congreso. Fuentes de Hacienda señalaron que no esperaban hacer tan pronto el anuncio, a la vista de que este jueves se conocerán los datos completos de la inflación de mayo y habrá más indicadores para adoptar la decisión.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió adoptar la decisión poniendo como ejemplo al Banco Central Europeo. «Igual que el BCE va tomando medidas en torno a los datos, conforme vamos viendo que todavía los alimentos, y algunos especialmente, siguen teniendo una evolución de los precios por encima del IPC general, sigue cumpliéndose esa condición de apoyo a la compra», justificó el responsable económico durante una rueda de prensa este miércoles.
De acuerdo con los informes de recaudación tributaria que publica Hacienda todos los meses, hasta abril de este año el Estado dejó de ingresar 442 millones de euros por la rebaja del IVA a los alimentos. Esta es la cuantía que habría entrado en las arcas públicas en caso de haberse mantenido los tipos habituales para este tipo de productos.
Sin embargo, hace solo un año el coste fue de 254 millones. Es decir, hasta abril de 2023 entraron 254 millones de euros menos en las cuentas del Estado debido a que se recortaron los tipos de IVA en la alimentación.
Las previsiones del Banco de España apuntan a que la alimentación seguirá creciendo por encima del IPC general en los próximos ejercicios. En concreto, un 2,3% en 2025, frente a la media del 2%; y un 2,6% en 2026, mientras que el índice general será del 1,8%.