El Gobierno descarta que la ley europea de IA afecte a las inversiones tecnológicas
La Unión Europea tendrá la primera regulación mundial de esta tecnología, que pone coto a los usos biométricos y a los sistemas generativos como ChatGPT
La secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, Carme Artigas, preside la negociación del reglamento de Inteligencia Artificial.
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El Gobierno de España no cree que el reglamento europeo de Inteligencia Artificial, pactado a tres bandas la semana pasada y que entrará en vigor desde finales de 2024 a 2026, vaya a afectar a las inversiones de las compañías tecnológicas en el mercado europeo, a favor de otros como EEUU o China, donde no existen tales reglamentaciones.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial han explicado que esta ley, que ha salido adelante tras duras negociaciones en los trílogos entre la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea -representado por España, en calidad de presidente de turno- y el Europarlamento, permite crear seguridad jurídica para las empresas y también confianza para los ciudadanos y consumidores.
La ‘número dos’ del nuevo Ministerio de Transformación Digital, Carme Artigas, fue la responsable de representar los intereses de los estados miembros en las negociaciones. En el departamento se muestran confiados en que el texto legal, que se conocerá en febrero por completo y estará publicado en abril, generará una gran seguridad jurídica, con una protección frente a los malos usos de esta tecnología que no existen en ninguna parte del mundo.
Según han indicado las mismas fuentes, las inversiones no estarán en peligro ya que esta ley pone coto a todos los actores involucrados. No solo a las big tech y a sus prácticas, sino también a las regulaciones que hagan los gobiernos y también pone blanco sobre negro los derechos de los ciudadanos. Este mercado fiable, dicen desde el Ejecutivo, permitirá que las inversiones sigan su curso y también permanezca la innovación.
Algunos países como Francia, que cuentan con sus propias start up punteras en el ámbito como Mistral AI -ya valorada en 2.000 millones de euros-, han puesto muchos reparos ante la posibilidad de que este reglamento pueda coartar el desarrollo tecnológico y dejar atrás al Viejo Continente. Sin embargo, en el Gobierno se muestran seguros de que París no bloqueará el refrendo a esta ley, ya que el texto legal -que aún no se conoce- es garante con las inversiones. En este sentido, la regulación generará una confianza similar a la de un medicamento que supera un ensayo clínico o a un coche cuyos sistemas de protección han recibido el aval de las autoridades.
El reglamento permite o prohíbe el uso de la inteligencia artificial en función del riesgo que genera para las personas e identifica sistemas de alto riesgo que solo se podrán utilizar si se demuestra que respetan los derechos fundamentales. Está previsto que la ley entre en vigor en 2026 pero se aplicará por fases: la Oficina Europea de Inteligencia Artificial -con la labor de coordinar a las autoridades nacionales en la materia- se creará de forma inmediata, la prohibición de los sistemas prohibidos de inteligencia artificial llegará a los seis meses y los requisitos para los sistemas y modelos de IA generativa, a los 12.
La ley permitirá a las fuerzas de orden utilizar las cámaras de identificación biométrica en espacios públicos para garantizar la seguridad nacional, aunque previa autorización judicial para prevenir una amenaza terrorista «genuina y previsible» o «genuina y presente», es decir que se esté produciendo en ese momento. La norma, además, prohíbe todos los sistemas de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por su raza y orientación sexual.
