El Gobierno deja caer la ley de Función Pública para acelerar el pago de los fondos europeos
La norma, que decayó durante su tramitación parlamentaria por el adelanto electoral, ya no forma parte de las reformas comprometidas para el cuarto pago de los fondos europeos: ahora solo contemplan "medidas regulatorias"
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero (c), y la ministra en funciones de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. EFE/ Zipi
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El Gobierno ha dejado caer la Ley de Función Pública, uno de los proyectos estrella del Ministerio de Hacienda, para poder acelerar la petición del cuarto desembolso de los fondos Next Generation EU. La ley, que salió del Consejo de Ministros en marzo y estaba previsto que fuera aprobada este mismo verano, decayó con motivo del adelanto electoral.
Según los documentos de aprobación de la Adenda al Plan de Recuperación original que ha publicado la Comisión Europea, esta norma deja de ser uno de los hitos computables para la solicitud de los 10.000 millones de euros correspondientes al cuarto pago, cuya petición se ha venido retrasando por la no aprobación de algunas de las leyes previstas en el calendario original.
De acuerdo con el calendario de hitos correspondiente al cuarto pago del plan original de 2021, España tenía que aprobar una Ley de Función Pública de la Administración del Estado. Sin embargo, en la nueva versión de ese documento se ha rebajado la exigencia para el cumplimiento de ese hito a cambio de «medidas regulatorias» en relación con el funcionariado de la Administración General del Estado.
Fuentes gubernamentales han explicado que las modificaciones que se contemplan en tres de los hitos correspondientes al cuarto pago hace referencia a los «instrumentos regulatorios» para conseguir los objetivos del Plan de Recuperación, pero que en ningún caso rebajan la «ambición» de las reformas. Su fin, matizan, es permitir su aprobación inmediata.
En el aire la evaluación de los funcionarios
Un matiz que permite que el Gobierno pueda dar por cumplido el citado hito del Plan de Recuperación enviando el Real Decreto-ley por el que se prorrogaron las medidas anticrisis a finales de junio. En este se incorporaron algunas medidas que incluía el citado proyecto de ley, como la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios, lo que permite el acceso a permisos por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica.
Por el camino se quedarán otras medidas que el Ejecutivo podría impulsar a posteriori, pero ya sin la exigencia por parte de Bruselas. Por ejemplo, la evaluación del desempeño de los funcionarios, una predisposición que llegó a abrir la puerta a la revocación de sus puestos, pero que posteriormente se rebajó a «medidas de incentivo y de extensión a las mejores prácticas en la Administración».
El proyecto de ley que tramitaba el Congreso también aumentaba al 30% las plazas para promoción interna de los empleados públicos, dictaba la obligatoriedad de publicar las convocatorias de ingreso en el mismo año natural que la Oferta de Empleo Público de la que cuelguen o finalizar los procesos selectivos con un límite máximo de dos años desde la publicación de la convocatoria.
La noticia llega apenas horas después de que el Gobierno aprobara la revalorización del 0,5% del salario de los funcionarios públicos, como contemplaba la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha defendido el aumento, reivindicando a los funcionarios como «principal activo» de las Administraciones Públicas. «El buen funcionamiento de la Administración depende de la capacidad de involucrar al conjunto de empleados públicos», ha aseverado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
En el cuarto pago también se ha visto modificada una cuestión del régimen de las entidades locales y de la reforma judicial: de una ley para mejorar la eficiencia de los procesos judiciales ha dado paso a dos Reales Decretos-Ley.
