El Gobierno cierra el acuerdo con CEOE y sindicatos sobre los Planes de Igualdad LGTBI

El Gobierno ha anunciado el acuerdo tripartito con la patronal y los sindicatos para el reglamento que da desarrollo de los Planes de Igualdad LGTBI, que obligará a las empresas de más de 50 trabajadores a adoptar medidas que garanticen la igualdad, con protocolos anti acoso y formación a sus empleados.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este acuerdo en una entrevista en laSexta, donde se ha felicitado de que la patronal se haya sumado al pacto, que convierte a nuestro país en el primero con una norma en este sentido. El reglamento debería haber entrado en vigor hace ya unos meses, pero el adelanto electoral del año pasado y la tardanza en la conformación del Gobierno había retrasado el acuerdo para el desarrollo normativo.

Según ha informado el Ministerio de Trabajo, el acuerdo contempla un protocolo de acompañamiento a las personas Trans en el empleo, una medida que el departamento de Díaz define como «decisiva y pionera para el colectivo».

El pacto también incluye la obligación para las empresas de más de 50 trabajadores de tener medidas para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esto supone la obligatoriedad de crear protocolos contra el acoso y la violencia, donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente al mismo. Las empresas con convenios en vigor tendrán que abrir una negociación para incluir esas medidas.

Las empresas tendrán que dar formación para la igualdad y no discriminación a sus empleados, con módulos específicos sobre la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación. La Inspección de Trabajo estará vigilante sobre el cumplimiento de estas medidas, con sanciones para las empresas que no cumplan con la norma.

Desde CCOO han confirmado el acuerdo, a falta del redactado completo. Fuentes de la CEOE confirman el pacto, apuntando que se trata del desarrollo de una obligación incluida en la ley y que han aterrizado «para dar seguridad jurídica a las empresas y garantizar los derechos de las personas trabajadoras».