El Gobierno aprueba 3.700 millones más en ayudas a la vivienda, el campo y los trabajadores de Valencia

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de ayudas directas y medidas para hacer frente a la catástrofe provocada por la Dana en Valencia por un valor de 3.700 millones de euros, con la ampliación de algunas de las medidas aprobadas la semana pasada, un ‘escudo laboral’ para los trabajadores afectados y subvenciones al campo, uno de los sectores más afectados por la catástrofe.

«El Gobierno de España está y va a estar ahí, con todos los recursos necesarios y durante todo el tiempo que haga falta. Incluso cuando la atención mediática decaiga, se lo garantizo, continuaremos ahí por restablecer la normalidad de las zonas afectadas por esta catástrofe natural», ha asegurado el presidente Pedro Sánchez, que ha comparecido tras la reunión del Ejecutivo para aprobar este segundo Real Decreto-Ley con 110 medidas adicionales de apoyo a la Comunitat Valenciana.

El presidente del Gobierno ha evitado entrar en reproches con el jefe del Ejecutivo valenciano, Carlos Mazón, con quien dijo que estuvo en contacto -también con Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha, y Salvador Illa, de Cataluña- mediante WhatsApp en la propia tarde de la tragedia, el pasado 29 de octubre, cuando Sánchez retornaba de un viaje oficial a la India.

«El Gobierno está a lo que hay que estar. A lo que hay que estar es a reconstruir esta tragedia y a relanzar la actividad económica y social de la provincia de Valencia», ha insistido el presidente en varias ocasiones.

El presidente sí ha defendido el rol de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien el PP ha situado en el centro de sus críticas; y de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, de quien ha valorado su «absoluta diligencia».

Las nuevas medidas aprobadas, sumadas al paquete de la semana pasada, suponen movilizar 14.373 millones de euros de respuesta ante la Dana.

Yendo a lo concreto, el Gobierno ha ampliado las ayudas directas aprobadas la semana pasada para que los propietarios de viviendas afectadas puedan solicitarla aunque no residan en las mismas y las tengan arrendadas. Además, los inquilinos también podrán solicitar las compensaciones por la pérdida de bienes, aunque no sean de primera necesidad.

El Ejecutivo ha aprobado también la posibilidad de recibir un anticipo del 50% de las ayudas directas concedidas, «de modo que no tengan que esperar mientras se tramita su expediente», ha aseverado Sánchez. Igualmente, se han reforzado las plantillas de funcionarios en las subdelegaciones de Gobierno para acelerar los trámites burocráticos.

Asimismo, se ha extendido el Código de Buenas Prácticas Hipotecario que se aprobó en 2022 durante la crisis inflacionaria para tratar de amortiguar el impacto de las abruptas subidas de interés sobre los préstamos a los hogares. Así, los hogares golpeados por la Dana podrán congelar sus hipotecas durante doce meses adicionales a los doce meses de alivio que ya se aprobaron en el Real Decreto-Ley validado la pasada semana. En total, las medidas estarán en vigor hasta noviembre de 2026.

El Gobierno central ha habilitado 150 viviendas de titularidad estatal para el uso gratuito e inmediato de las familias afectadas, así como una línea de 25 millones para la adquisición de viviendas para alojar a los damnificados.

El Real Decreto-Ley aprobado este lunes ha aprobado el conocido como ‘escudo laboral’ que ha diseñado el Ministerio de Trabajo, con permisos retribuidos no recuperables y que computarán como tiempo de trabajo efectivo. Las casuísticas vinculadas serán la imposibilidad de la movilidad de los trabajadores o la desaparición o fallecimiento de familiares. Cualquier medida que los contravenga, advierte el departamento que dirige Yolanda Díaz, tendrá «carácter nulo».

También se incluye el Plan Mecuida, la obligatoriedad del trabajo a distancia, el derecho a la prestación contributiva para las empleadas del hogar y la prohibición del despido en las empresas beneficiadas por ayudas directas. El paquete habilita 50 millones de euros para un Plan de Empleo para contratar a personas en paro que puedan colaborar en las labores de reconstrucción.

Para los autónomos, el Ejecutivo ha diseñado una prestación extraordinaria que permitirá compatibilizar la actividad durante el cobro, por tres meses, de una ayuda por cese parcial equivalente al 50% de su base de cotización.

«Estamos estimando que las medidas aprobadas hoy, en conjunción con las adoptadas la semana pasada, podrán ayudar a 400.000 trabajadores y trabajadoras a mantener sus ingresos, a unas 30.000 empresas a reactivar su actividad y a 100.000 hogares a cubrir las necesidades básicas», ha insistido Sánchez.

El sector del campo es uno de los principales beneficiados de este nuevo paquete de medidas, con una nueva línea de ayudas directas con 200 millones de euros para aquellas explotaciones que hayan sufrido daños que les impida realizar la siguiente campaña con normalidad o con pérdidas de su potencial de cultivo superiores al 40%.

El Gobierno ha habilitado 60 millones adicionales en Líneas ICO, así como un programa de recuperación de infraestructuras agrarias valorado en 175 millones de euros, a ser ejecutado por la empresa pública Tragsa. Por último, se han reservado 500 millones de euros para un plan específico para la limpieza del lodo tras la catástrofe.