El FMI no se cree que las pensiones españolas sean sostenibles: exige ajustes al Gobierno

Dos meses en economía pueden suponer grandes cambios a la hora de analizar un escenario. En abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntaba a que el producto interior bruto (PIB) de nuestro país avanzaría un 1,9% este año. En junio, la revisión es de medio punto, y ahora calculan que el crecimiento será del 2,4%.

Esta gran revisión llega con el informe anual sobre el estado de la economía española que publica la institución al amparo del conocido ‘artículo IV’, pero si el buen tono del tejido productivo ha supuesto un cambio en las perspectivas para este año, hay un análisis que permanece invariable con respecto al de abril: el sistema de pensiones necesitará de medidas correctoras adicionales para garantizar su sostenibilidad.

Así lo defiende el informe final de la organización con sede en Washington (EEUU), donde se indica que los directores ejecutivos del FMI subrayaron «la importancia de adoptar un paquete de medidas equilibrado como sea necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones«.

Es decir, la Seguridad Social sigue siendo el farolillo rojo y las dos reformas diseñadas por el ministro José Luis Escrivá, ahora al frente de la cartera para la Transformación Digital, se consideran insuficientes. Los dirigentes del FMI celebran la mejora de las finanzas públicas y el compromiso del Ejecutivo con la disciplina fiscal «a pesar del complejo escenario político». Ahora bien, una reforma fiscal que aumente las bases tributarias y otra para garantizar las pensiones son claves a la hora de cuadrar las cuentas.

Sobre todo en las décadas posteriores, porque en el trienio del horizonte de previsión (hasta 2026), el déficit se mantendrá estable en el entorno del 3% (con un ligero repunte en 2026, en un escenario de medidas constantes), mientras que la deuda pública se estancaría en el entorno del 104% del PIB. Con estos mimbres, un sistema de pensiones desbocado, sumado al creciente gasto vinculado al envejecimiento de la población, podría dar la puntilla definitiva a la estabilidad financiera del país.

En su informe de abril, el FMI ya consideraba insuficientes las dos reformas de Escrivá. En la primera de ellas, acordada con patronal y sindicatos, el Ejecutivo recuperó la indexación de estas pagas con la inflación. La segunda, de la que se descolgaron los empresarios, trabajó en la parte de los ingresos, reforzando el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y creando, entre otras, una cuota de solidaridad para los sueldos más elevados para mejorar su aportación.

Entonces el FMI apuntó a que las medidas adicionales no deberían hacerse por la parte de los ingresos, con incrementos en la parte de las cotizaciones sociales, como sucedió con el MEI, en tanto que eso «incrementaría los costes laborales y podría tener un impacto en el empleo».

Así, los expertos propusieron un recorte indirecto en las cuantías: «Podría considerarse la reducción de las tasas de reemplazo, que son significativamente superiores a las de países comparables, mediante una extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, considerando la carrera completa».

En la actualidad, el sistema permite contabilizar los 25 últimos años o usar 29, pero eliminando los dos peores ejercicios. Esta previsión la incluyó Escrivá para eliminar lagunas de cotización que podían arrastrar las cuantías. De considerar la carrera laboral completa, incluidos los primeros años de cotización -que habitualmente son los peores-, esto implicaría reducir el total a percibir.