El estado de alarma dobla el coste de la deuda
Las subastas realizadas en las últimas semanas son un 94% más caras en intereses que las previas al confinamiento
La factura económica que España va a tener que pagar por la crisis del coronavirus sigue creciendo. Con gran parte de la actividad parada por las medidas excepcionales adoptadas, y sin visibilidad todavía sobre cuál será el impacto en gasto, pérdida de empleo, y PIB, los inversores continúan exigiendo más intereses a la deuda española. Desde que se anunciara el estado de alarma el 14 de marzo, el Tesoro ha convocado dos días de subastas, en las que ha emitido bonos y obligaciones. El Estado ha logrado venderlos, con la sombra del Banco Central Europeo (BCE) como defensa, pero un coste anual en intereses que casi dobla al previo al bloqueo económico de España.
La subasta más reciente se produjo este jueves. El Tesoro vendió bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10 y a 30. En todos los casos, los intereses exigidos superaron los pactados durante la subasta previa; incluso en el caso de las emisiones que se habían realizado el 19 de marzo.
En su conjunto, el gasto en intereses anual de estas emisiones (tienen diferentes duraciones, por lo que la cifra no es trasladable a largo plazo) rozaría los 35 millones, frente a los 21,6 millones que habría que haber abonado a los tipos de interés de la subasta anterior (véase gráfico). Si se tiene en cuenta el incremento de los dos procesos llevados a cabo desde que el Ejecutivo cerrara la economía española, sería del 94% (al pasar de 31 a 60,3 millones los intereses a pagar durante un año).
Fuerte encarecimiento de la deuda a 10 años
El bono a 10 años es probablemente el más famoso de todas las emisiones que realiza España, porque es el estándar sobre el que se calcula la prima de riesgo. Este concepto, que se popularizó durante la crisis de 2011-2012, tiene en cuenta el plus de intereses que se exige a las emisiones españolas sobre las alemanas, consideradas las de referencia de la zona euro. Su incremento desde febrero -ha pasado de los 66 a los 116 puntos básicos- está muy en línea con el sobrecoste que los inversores exigen hoy a la deuda.
Aunque en la subasta del 2 de abril los intereses apenas se movieron en el caso de la deuda a 10 años, el grueso del encarecimiento se produjo cuando España pidió recursos al mercado el pasado 19 de marzo. En concreto, el Tesoro captó más de 1.500 millones con estas obligaciones, pero con un muy importante incremento de intereses. El tipo marginal se fijó en el 0,715, frente al 0,182% de la anterior emisión, realizada apenas unos días antes, el 5 de marzo. Aunque son tipos de interés históricamente bajos, el encarecimiento rozó el 300%. En millones, supone abonar 80 millones más como intereses en una década.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció este jueves que ahora mismo no puede calcular el coste en déficit que va a suponer la crisis del coronavirus. El incremento del volumen de prestaciones, se va a sumar con la caída de los ingresos por impuestos y cotizaciones de los nuevos parados. Escrivá también reconoció que ese desajuste, que Goldman Sachs ha llegado a establecer en un 10%, requerirá de la captación de recursos en mercado; es decir, de incrementar todavía más el volumen de deuda, que se antes de la crisis se acercaba al 96% del PIB.
Con los coronabonos previsiblemente aparcados -la Comisión Europea ya ha eludido el debate y ha anunciado un fondo respaldado por todos los países de la UE, pero no emisiones de deuda únicas para todos los estados-, la crisis dejará más endeudada a la economía española, aunque recupere los niveles de PIB de 2019.
Está pendiente ver cómo se articula este nuevo fondo con cerca de 100.000 millones, pero en principio daría créditos (que también habrá que pagar). España está negociando que cualquier medida se articule de forma diferente al rescate de 2012, porque limitaría otra vez la libertad a la hora de gestionar las finanzas públicas. El recurso al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), por ejemplo, requiere de compromisos y reformas estructurales, como se vio en 2012.
«Si un Estado miembro solicita el apoyo de estas fuentes para gestionar las consecuencias del Covid-19, parece extraño que se le soliciten reformas estructurales, aunque para los países acreedores, la ausencia de tales requisitos se consideraría inaceptable y podría recurrir a desafíos legales», señalan desde Funcas. Europa, por tanto, debe recurrir a una fórmula nueva, si quiere no apretar a los países que los utilicen.
La alternativa de la Comisión, en principio, no le suena mal a España. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, valoraba positivamente la iniciativa. Parece que ya somos conscientes de que va a ser complicado barrer mucho más para casa sin ceder autonomía.
Un endeudamiento creciente
La revista mEDium, del grupo Economía Digital, señalaba en su último número que el endeudamiento era una de las mayores losas de la economía española y anticipaba un importante incremento, que condicionará más la flexibilidad de afrontar medidas de inversión o de protección social en el futuro.
Con un endeudamiento creciente, y aunque los tipos de interés sigan siendo muy bajos (el tipo medio a los que se han financiado los cerca de 11.000 millones emitidos en las últimas semanas es del 0,56%), el pago de intereses limita la capacidad económica de España, y nos resta argumentos de cara a Europa cuando proponemos medidas de mutualización de la deuda.