El descuadre de las cuentas públicas: el gasto sube un 11,8% en el último lustro y los ingresos solo el 9%
Un informe de Funcas defiende que el déficit está en "magnitudes difícilmente sostenibles en el tiempo"
La reactivación de las reglas fiscales este mismo 2024 y la deriva de las cuentas públicas pone en jaque el compromiso del Gobierno con Bruselas de cerrar este año con un déficit del 3%, en la línea de lo establecido en los Tratados europeos y lo que impediría la apertura de un Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) contra nuestro país por parte de Bruselas.
La consolidación es necesaria y el consenso de economistas no tiene claro que se vaya a producir. De acuerdo con el Panel de Funcas publicado esta semana, el consenso pasa por que el año pasado el déficit cerró en el 3,9%, en línea con las previsiones del Gobierno, pero difícilmente se llegará al 3% este año, como el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas mediante el Plan Presupuestario.
Un informe de Funcas publicado este miércoles defiende que el déficit de las Administraciones Públicas está en cotas elevadas, «magnitudes difícilmente sostenibles en el tiempo». Según las estimaciones de la fundación de las antiguas cajas, «en el periodo 2019-2023 los ingresos tributarios se habrán incrementado un 9% en términos reales (descontando la inflación), mientras que el gasto público primario lo habrá hecho un 11,8 %».
El Gobierno prevé cumplir en 2024
Es decir, hay casi tres puntos de diferencia que habrá que consolidar en el Presupuesto. El Gobierno dio luz verde el mes pasado al límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto, con el que elaborará los Presupuestos Generales del Estado de cara a 2024. En concreto, este tope será un 0,5% superior al de las Cuentas de 2023, alcanzando los 199.120 millones de euros, contando con los fondos Next Generation EU que vienen de Bruselas, y a pesar de que el crecimiento se espera que sea raquítico el año que viene.
Sin embargo, el techo de gasto financiado por recursos nacionales se ha disparado un 9,3% en comparación con el empleado en 2023. De 173.065 millones a 189.215 millones. 16.150 adicionales de gasto no financiero que procederá del incremento de la recaudación.
«El saldo acumulado hasta septiembre fue similar al registrado un año antes (-25.424 millones de euros, frente a los -26.576). La ligera mejoría refleja el incremento de la recaudación, especialmente por nuevos impuestos, IRPF, IS y cotizaciones sociales», apuntan los economistas de Funcas en su informe.
A medio y largo plazo, la economía española tiene riesgos a la baja precisamente por este déficit tan abultado, ya que la ausencia de un colchón fiscal impediría a España actuar en caso de una crisis sobrevenida. «La persistencia de un déficit público elevado es un factor de vulnerabilidad para la economía española, en un contexto de reactivación de las reglas fiscales europeas y de retirada del apoyo del banco central, tanto en materia de tipos como de compra de deuda», defienden.
Rozando el cumplimiento de las reglas fiscales
Las reglas fiscales mantienen los umbrales del 3% del déficit y el 60% de la ratio de deuda sobre el PIB. Las salvaguardas para este acuerdo pasa por establecer una reducción efectiva media anual de un punto porcentual para los países que tengan una deuda superior al 90% y de medio punto para aquellos que se encuentre entre el 60% y el 90% de deuda sobre el PIB.
Además, también se incluye una salvaguarda que establece un margen fiscal de 1,5 puntos de PIB para permitir adoptar medidas de choque en el caso de sucesos imprevistos. Esto implica que los países tendrán que tratar de reducir su déficit hasta el 1,5%, más allá de la referencia del 3% que establecen los tratados.
El déficit estructural primario -sin contar intereses, entre otras partidas- tendrá que ajustarse en cuatro décimas al año, aunque podría reducirse a 0,25 puntos porcentuales en el caso de que las sendas de ajuste pasen de cuatro a siete años.
Además, se ha creado un régimen transitorio de tres años, hasta 2027, para suavizar el impacto de la subida de los tipos en la carga de intereses, protegiendo la capacidad de inversión de los países.