El ‘botín’ de Sánchez si descarrila la senda de déficit: 4.400 millones más de gasto público

El rechazo del Senado a la senda de déficit presentada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que sí recibió el visto bueno del Congreso de los Diputados, no haría un gran roto a las cuentas del Estado. De hecho, de llevar este órdago de la Cámara Alta (que controla el PP) hasta el final, la jugada podría beneficiar al Ejecutivo.

La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, confirmó este lunes que su partido no dará luz verde a la trayectoria que diseñó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para cumplir con los compromisos con Bruselas. Este año debería cerrarse con un déficit -diferencia entre ingresos y gastos públicos- del 3% del producto interior bruto (PIB).

La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno ha de aprobar una senda de déficit que debe recibir el visto bueno de ambas cámaras. En el caso de ser rechazada, ha de aprobarse una nueva y enviarse de nuevo a las Cortes Generales.

El Gobierno presentará de nuevo el déficit

¿Y si decae de nuevo? Aquí es donde el Gobierno esgrime un informe de la Abogacía del Estado que señala que, en el caso de decaer por dos veces, entrarían en vigor los compromisos fiscales previos. Es decir, los del Programa de Estabilidad que el Ejecutivo remitió a Bruselas en abril del año pasado.

Aquí está la miga. Esta derrota parlamentaria podría suponer dar oxígeno a las cuentas del Gobierno central, a costa de restárselo tanto a Ayuntamientos como Comunidades Autónomas, la gran mayoría en manos del PP.

La senda de estabilidad planteada por el Gobierno pasa por un déficit total del 3% del PIB, del cual 2,7 puntos lo asume el Estado, mientras que el subsector de las comunidades autónomas pueden incurrir en un ligero gasto (0,1%) y las entidades locales habrán de cerrar sus cuentas en equilibrio (0,0%).

Ahora bien. Si se vota en contra en dos ocasiones, volverán los parámetros de hace un año. El objetivo final es el mismo, el 3% del PIB de descuadre en las cuentas públicas, pero el reparto es muy diferente. Porque aquí el Gobierno asume todo el déficit (3 puntos), mientras que las Comunidades Autónomas tendrían que presupuestar en equilibrio (0,0) y las entidades locales, con superávit de dos décimas de PIB. Es decir, el Gobierno central contaría con 4.400 millones de margen fiscal adicional para elaborar el próximo presupuesto.

Un presupuesto con ajustes y retraso

Con todo, eso no evitará que el Ejecutivo tenga que realizar ajustes, ya sea por la parte de los ingresos (aumentando recaudación) o del gasto. Aún no se conoce la cifra cerrada del déficit para el año pasado, pero las previsiones del Gobierno lo sitúan en un 3,9%. La reducción de nueve décimas para este año es clave, ya que las reglas fiscales de la Unión Europea están de nuevo en vigor, por lo que el Gobierno podría incurrir en un Procedimiento de Déficit Excesivo si sigue sin alcanzar el parámetro clave del 3% del PIB.

Lo que sí supondrá para el Gobierno es un retraso -otro más- en la elaboración de los Presupuestos. El Ejecutivo confiaba con presentar el proyecto de las cuentas este mes, para tenerlas aprobadas en torno a abril. Sin embargo, la dilación en la Ley de Amnistía y los trámites para sacar adelante la senda de déficit podrían llevar la aprobación de las cuentas a junio. Apenas tres meses antes de empezar a elaborar las cuentas de 2025.