El BEI tendrá que dar explicaciones anuales sobre los 20.000 millones que le concedió Calviño

La Adenda aprobada por Bruselas establece que, como parte de los mecanismos de control y auditoría, el BEI tendrá que elaborar un informe anual que enviar a las autoridades españolas

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tras la reunión del Eurogrupo ECOFIN en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr

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Los 20.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU correspondientes a España cuya gestión el Gobierno ha encomendado al Banco Europeo de Inversiones (BEI) tendrán un seguimiento estrecho por parte del Ejecutivo y de la Comisión, ya que la entidad tendrá que emitir informes anuales en relación con el uso que haga de esta dotación.

De acuerdo con la Adenda que ha aprobado la Comisión Europea este mismo lunes, la gestión que haga el brazo inversor de la Unión Europea del Fondo de Resiliencia Autonómica también estará sometida a los mecanismos de control y auditoría. Este mecanismo financiero es uno de los 14 fondos cuya creación ha planteado el Ejecutivo para canalizar los más de 84.000 millones de euros que España va a recibir procedentes de Europa en calidad de préstamos ‘blandos’.

Según detalla el documento acordado entre la Comisión y el Gobierno de España, en unas negociaciones comandadas por la vicepresidenta Nadia Calviño, los controles buscan «asegurar la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses», así como verificar cada operación antes de otorgar la financiación. También se pondrán en marcha para la realización de auditorías de riesgo en función de la inversión.

El BEI controlará «inversiones sostenibles» para las CCAA

Los 20.000 millones encomendados al BEI servirán para la concesión de préstamos y otros instrumentos financieros para inversiones sostenibles en áreas prioritarias de inversión y enfocadas a las Comunidades Autónomas. En concreto, detalla la Adenda, esta inversión milmillonaria se enfocará en vivienda social y asequible y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo e innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados; y gestión de las aguas y residuos y transición energética.

Si bien las entidades como el BEI, el Fondo Europeo de Inversiones (dependiente del anterior) o el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo están muy bien consideradas en Bruselas, esto no hará que los fondos que gestionen vayan a escapar del auditor. Aunque sí hay una excepción: «En esos casos cuando el socio de implementación o el intermediario financiero sea el BEI, el FEI o el BERD, la obligación de describir los sistemas de control y auditoría no se aplica«, apunta el documento. En este caso, apunta la documentación europea, «se les exigirá a estas entidades que provean a las autoridades nacionales relevantes un informe anual de auditoría preparado por auditores externos«.

Así, podría darse el caso de que Calviño, si se hace con la presidencia del BEI, tenga que dar explicaciones anuales sobre la financiación europea procedente de los fondos adscritos a España que ella misma encomendó al banco europeo.

El BEI, la sorpresa de junio

La adscripción del Fondo de Resiliencia Autonómico al BEI fue una de las principales novedades en el documento que el Ejecutivo envió a Bruselas a principios de junio. En el borrador que presentó a finales de año se contemplaba un fondo similar -Fondo de Inversiones Sostenibles de las Comunidades Autónomas-, pero esa encomienda al brazo inversor de la UE no aparecía.

Fuentes gubernamentales explicaron entonces que el BEI era el organismo adecuado para gestionar un programa de ese tamaño ya que se trata de «una institución de gran potencia que tiene una larga trayectoria de relación con las comunidades autónomas españolas, de financiación de proyectos públicos, privados, y un conocimiento y una capacidad técnica muy acreditada para poder colaborar con el Gobierno español». De hecho, de acuerdo con estas fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, el objetivo es que el propio BEI asuma el «reto especial» de que la financiación fluya a las comunidades autónomas y también pueda cofinanciar algunos de los proyectos que se nutran de los fondos europeos, lo que le dé más capacidad de inversión y transformación a la herramienta.

Dos meses después de remitir la actualización del programa millonario a Bruselas con este añadido, el Gobierno confirmó que presentaba a la vicepresidenta primera Calviño como candidata a hacerse con la presidencia del BEI. Enfrente, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. La decisión aún no se ha tomado, pero Calviño podría asegurarse, incluso dejando el Gobierno, el futuro de un cuarto de los préstamos concedidos a España.

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