El BCE irrumpe en la votación de la reforma fiscal: el ‘impuestazo’ a la banca rompe el sistema financiero de la UE
La entidad que preside Christine Lagarde apunta a que el impuesto puede generar "asimetrías" entre entidades grandes y pequeñas
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Foto: Michael Probst/Europa Press
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El examen al nuevo impuesto a la banca por parte del Banco Central Europeo (BCE) concluyó a pocas horas de la votación decisiva de la reforma fiscal en el Congreso de los Diputados, que llega del Senado con varios cambios introducidos por el PP y con varios socios del Gobierno enfadados por el futuro del tributo al sector energético.
Este jueves el Pleno del Congreso votará si acepta o no las enmiendas introducidas por el PP a su paso el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, algunas de las cuales fueron registradas por Junts, poniendo en un brete a la mayoría que permitió la tramitación de la ley en primera instancia.
Y entre medias, aparece Christine Lagarde. La presidenta del BCE firmó un dictamen, publicado este miércoles, en el que carga muy duramente contra el diseño del nuevo impuesto a la banca que el Gobierno pactó con sus socios y pide que se analice sus potenciales efectos sobre la economía.
Entre otras cuestiones, la máxima responsable del euro carga contra este tributo porque, dice, puede ahondar en la fragmentación del sistema financiero en toda la unión y, además, generar «asimetrías» entre las entidades en función de su tamaño.
«Este impuesto, al igual que otros impuestos de este tipo en toda la Unión, puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo y menoscabar la igualdad de condiciones en la unión bancaria», defiende el informe.
El nuevo impuesto, formalmente «sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras», se ha diseñado con un carácter progresivo, en el que el tipo impositivo crece en función del aumento de la base liquidable. Esta progresividad, dice el informe de Lagarde, «puede dar lugar a asimetrías competitivas en función del tamaño de los bancos», ya que las entidades más pequeñas tendrán más margen, al tener un menor peso de este gravamen.
El BCE recomienda al Gobierno que, aunque los ingresos del sector son sólidos y el ciclo de la política monetaria está en descenso y estable, «debe velarse por que las medidas que se adopten no obstaculicen la capacidad de las entidades de crédito para mantener bases de capital sólidas y provisiones adecuadas para los deterioros de valor».
Precisamente señala que este impuesto va en la dirección contraria, ya que considera que, a pesar de las deducciones incluidas, en su diseño no se tiene en cuenta «todo el ciclo económico», en tanto que no se incluyen ni los gastos operativos ni el coste del riesgo de crédito. «Como consecuencia de la aplicación general del impuesto, las entidades de crédito con posiciones de solvencia más bajas o con dificultades en las proyecciones de capital podrían reducir su capacidad de absorber los posibles riesgos a la baja derivados de una desaceleración económica», dice el dictamen.
De nuevo la progresividad entra en juego, ya que este nuevo impuesto «podría dar lugar a una situación en la que determinadas entidades de crédito con menor rentabilidad neta (o incluso con pérdidas tras la deducción de las pérdidas crediticias) acaben pagando un impuesto a un tipo efectivo más elevado», defiende Lagarde.
No es la primera vez que el BCE carga contra un impuesto de estas características. Cuando el Gobierno planteó el gravamen extraordinario ya lo puso en solfa, en 2022. Entre otras cuestiones, el supervisor reconocía que el tributo podía tener un pase en circunstancias extraordinarias, pero no tanto con el objetivo de aumentar los ingresos públicos con carácter permanente.
Una crítica que reitera en esta ocasión: «[El BCE] ha recomendado la necesidad de una separación clara entre la cuenta extraordinaria creada a partir de los ingresos procedentes de los impuestos y los recursos presupuestarios generales de las administraciones públicas para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general». Y, precisamente, el objetivo del nuevo impuesto, dentro de la reforma fiscal.
Los cálculos del Gobierno es que la reforma tendrá un impacto de unas tres décimas del PIB (4.500 millones este año), pero el Banco de España ya ha apuntado que el impacto será «reducido» en el medio plazo, reduciendo su recaudación al entorno de las dos décimas de PIB (3.000 millones) tanto en 2026 como en 2027.
