El 30% de los funcionarios de Muface que optan por la sanidad pública tienen también seguro privado

El 30% de los funcionarios mutualistas de Muface que recurren a la sanidad pública como proveedor de su asistencia sanitaria tienen, además, un seguro privado que les garantiza una atención más rápida y el acceso a especialistas de una manera más fluida que mediante la Seguridad Social.

Así lo evidencia el estudio que ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el mutualismo administrativo y que evalúa Muface, Mugeju e Isfas, las tres mutuas que atienden a 1,6 millones de empleados públicos, como parte del Spending Review (revisión del gasto público) que le encargó el Gobierno.

Como parte de su estudio, la Autoridad Fiscal analizó más de 400 millones de microdatos y, además, efectuó una encuesta a los funcionarios mutualistas con más de 16.000 respuestas. De aquellos encuadrados en Muface, el 30% de los que optaron por la Seguridad Social y no por una aseguradora (Adeslas, Asisa o DKV, las que prestan el servicio hasta ahora) cuentan además con un seguro privado.

«Los mutualistas con doble cobertura destacan la preferencia por la sanidad pública en casos de urgencia médica vital y enfermedad grave, y por la privada para síntomas no graves y el acceso a especialistas», destaca el organismo que preside Cristina Herrero.

Como ha informado ECONOMÍA DIGITAL, A finales del año pasado la Seguridad Social se convirtió en la principal proveedora de Muface por delante de Adeslas, hasta ahora la aseguradora con mayor cuota entre los 1,5 millones de empleados públicos (y familiares) beneficiarios de la mutua.

La Airef explica que hay tres factores clave que explican por qué cada vez hay más personas encuadradas en Muface que son atendidas por la sanidad pública. Por un lado, el hecho de que cada vez más funcionarios de nuevo cuño optan por la Seguridad Social: en 2016 eran el 50% y en 2023 eran el 72%.

Por otro, el envejecimiento de las cohortes funcionariales hacen que sus hijos sean cada vez mayores y llegue un punto en el que dejen de recibir la cobertura por parte de la mutua. Esto, sumado a que los cambios en Muface son favorables a la salida de la sanidad privada y el desembarco en la pública, han provocado que el Instituto de la Seguridad Social ya atienda a más de medio millón de mutualistas, por delante de Adeslas.

En general los mutualistas optan por la sanidad pública en el momento en que se complica estado de salud, ya que si bien el 24% opta por la provisión pública, este porcentaje aumenta al 70% en los casos en que precisan episodios hospitalarios por patologías de severidad mayor y extrema. Cerca del 70% de los mutualistas que escogen una aseguradora privada cambiarían a la modalidad pública si disminuyesen las listas de espera.

De hecho, la Airef hizo dos propuestas de reforma que deberían abordarse en el medio plazo en relación con el mutualismo administrativo. La primera, que su adscripción sea voluntaria y no obligatoria, de tal manera que si un funcionario decide salirse y optar por los servicios públicos esto implique un ahorro tanto para el funcionario como para el Estado. Y la segunda supone acabar, de facto, con el modelo Muface, ingresando a los mutualistas de nuevo cuño directamente en la Seguridad Social.

Esta integración tendría que hacerse de manera paulatina, indicó Herrero en la rueda de prensa para presentar los informes, y siempre condicionado a un refuerzo de los servicios de la atención primaria, por lo que no podría hacerse de inmediato, sino que tendría que hacerse, como pronto, durante los años que esté en vigor el próximo concierto, al que Adeslas y Asisa ya han anunciado que van a concurrir, en el caso de Muface.

La Airef ya ha hecho los cálculos de lo que supondría, en términos de la atención sanitaria, incorporar a 1,6 millones de mutualistas al Sistema Nacional de Salud sin un refuerzo de los servicios. En cuanto a las listas de espera quirúrgicas, esto supondría un incremento de un 7,2%, hasta los 19,5 pacientes por cada 1.000 habitantes pendientes de una cirugía. En el caso de las consultas de atención primaria, esta supondría que las listas de espera pasen de 81,6 hasta los 106,2 pacientes por cada 1.000 habitantes, una subida de un 30,1%.

«La simulación revela que el mayor incremento de la lista de espera quirúrgica se produciría en Castilla y León, seguido de la Comunidad de Madrid, Aragón y Extremadura. En contraste, Cantabria y Andalucía presentarían una menor afectación, así como las comunidades insulares que mantendrían aumentos moderados», recoge el documento.

El informe de la Airef ha sentado de manera desigual entre los colectivos de funcionarios. Por un lado, la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) celebró que la Autoridad Fiscal confirmaba sus reclamos: no era viable eliminar Muface «de la noche a la mañana», indican fuentes a ECONOMÍA DIGITAL, como se puso encima de la mesa por parte del Gobierno en un informe del Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, defienden mantener el sistema actual. Igual que el sindicato de funcionarios CSIF, quienes ya han advertido de que este informe no puede servir de «excusa» para eliminar Muface, sino que la reflexión ha de ir a mejorar el modelo y no a suprimirlo.