Un economista próximo a Yolanda Díaz advierte que el ‘cupo catalán’ deja al Estado sin recursos para futuras Danas

El arranque de las sesiones en el Senado sobre la financiación singular para Cataluña ha dejado una imagen prácticamente unánime de los expertos convocados a participar en las reuniones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta: el acuerdo político entre el PSC y ERC tiene más sombras que luces, incluso para aquellos técnicos más cercanos a los intereses del Gobierno.

Un ejemplo es el del primer nombre que ha participado: el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago, Santiago Lago, quien, a falta de una valoración política del acuerdo alcanzado, ha señalado las múltiples deficiencias que supondría la literalidad del pacto suscrito. Entre ellas, que dejaría al Gobierno central sin apenas recursos para hacer frente a emergencias o adoptar medidas ante situaciones como la última vivida, la de la catástrofe por la Dana en Valencia de hace una semana.

«La Administración General del Estado afronta hoy un déficit estructural muy importante y este déficit condiciona la financiación de sus propias competencias y de los compromisos de pago que tiene», aseguró ante los senadores que elaborarán las conclusiones de la Cámara Alta sobre la propuesta de financiación autonómica.

Lago, candidato al Banco de España de Sumar

Entre esas funciones, señaló Lago, se encuentra la «capacidad financiera de poder afrontar imprevistos», como los vinculados a la tormenta o a la pandemia de COVID-19, por ejemplo, y un Gobierno central que se viera privado de los recursos que se quedarán en Cataluña se vería incapaz de adoptar medidas o tendría que recurrir al endeudamiento. «A la Administración General del Estado no le sobran recursos», concluyó el economista.

El análisis de Lago no es el de una figura menor. Aparte de ser un reputado investigador y profesor universitario, Lago es una figura muy cercana a la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. De hecho, es hermano del principal asesor económico de Díaz en el Ministerio de Trabajo, Manuel Lago, que desde principios de año es diputado en el Congreso.

Díaz, ya como vicepresidenta del Gobierno en mayo de 2021, acompañó a Santiago Lago en la presentación del libro de su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF), una disertación titulada «La estabilidad fiscal en España: los deberes pendientes», sobre el problema del déficit estructural que sufre España o las dificultades para el cumplimiento de los objetivos fiscales.

De hecho, como publicó recientemente El País, Sumar le habría prometido un hueco al economista dentro del Consejo de Gobierno del Banco de España. Una información enmarcada en las presiones que habría recibido una de las consejeras, Judith Arnal, por parte del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para dejar su cargo y liberar un hueco en la institución.

Graves efectos del ‘cupo’ sobre la deuda

Lago subrayó que esta financiación singular, que podría equipararse al concierto vasco en sus características, podría suponer también un deterioro de la capacidad crediticia del Estado, influyendo también en un aumento de la prima de riesgo. «La ratio entre deuda y PIB, que en España es muy elevada, se aguanta porque tenemos una base tributaria importante y porque la Administración central tiene la capacidad de cobrar impuestos en prácticamente todo el territorio», justificó el experto.

En el caso de ceder los ingresos a una parte del territorio, detalló, debería haber «una traslación de deuda soberana del Estado a las comunidades autónomas en las que se produjera este cambio», de tal manera que no afectara en su conjunto a la economía española. Justo la vía contraria a las negociaciones que hay ahora mismo, con una condonación de la deuda autonómica encima de la mesa.

Además, Lago criticó que la propuesta de ceder completamente el IRPF supondría «la inexistencia» de un impuesto de este tipo a nivel estatal, lo que «limitaría la capacidad de definir desde una óptica global la progresividad del sistema fiscal español, definir criterios distributivos comunes, o implementar medidas que se apliquen de manera igualitaria a toda la población».

Otras puntos que destacó el experto sobre las consecuencias de este acuerdo sería la potencial fragmentación del control tributario, lo que limitaría la lucha contra el fraude; así como las dificultades que supondría ceder el Impuesto de Sociedades a una comunidad, ya que agravaría los riesgos de competencia fiscal a la baja.

«Me gustaría ser más positivo, me gustaría encontrar menos problemas… pero la literalidad del acuerdo me lleva a estas conclusiones que espero que les ayude a entender la situación«, concluyó el catedrático.

En las sesiones participó también el director general del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca, uno de los redactores del Libro Blanco sobre la Financiación Autonómica que se elaboró durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, Cuenca rehusó ahondar en el acuerdo asegurando que de momento este era «político» y que no había una propuesta completa de sistema de financiación.

Además, apuntó sus dudas a que un sistema ajeno al régimen común o a los dos forales (País Vasco y Navarra) sea acorde con la Constitución: «Otra cosa son las singularidades que pueda haber, que ya hay muchas dentro del sistema».

También participó la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, quien advirtió del «caos» y la «torre de Babel» que supondría fragmentar la Agencia Tributaria en distintos organismos autonómicos, además de los efectos sobre la recaudación y el control del fraude que esto tendría.

«Si España fuera una persona, los impuestos serían su sangre (…). Y sin sangre, los órganos no funcionan», ejemplificó. «Romper este modelo, y lo decimos alto y claro, es abocar a España al caos fiscal», señaló.