Europa presiona al Gobierno a cambiar la regulación por despido

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha emitido un dictamen sobre la demanda presentada por UGT en 2022 respecto al «bajo coste» del despido en España, concluyendo que la normativa actual no ofrece una protección adecuada a los trabajadores.

La información fue obtenida por Servimedia a través de fuentes familiarizadas con el pronunciamiento, luego de que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, confirmara en su blog personal el pasado domingo que el CEDS «ya se ha pronunciado».

El Gobierno dispone ahora de tiempo hasta el verano para hacer público el fallo de este Comité Europeo. Desde el sindicato, se ha señalado que mantendrán el deber de confidencialidad, aunque fuentes familiarizadas con el dictamen indicaron que, al igual que en casos anteriores como los de Italia y Francia, la legislación española sobre el despido tampoco proporciona una reparación o disuasión adecuada.

«Nosotros no lo podemos desvelar, pero pedimos al Ejecutivo que no impida que la ciudadanía española conozca ya el resultado de la petición de UGT. Cuanto antes se sepa lo que ha dicho el Comité mejor para todos. De lo que no hay ninguna duda es del carácter vinculante de esa decisión», dijo Álvarez.

Las promesas del Gobierno

Antes del final de la legislatura anterior, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometió a reformar la regulación del despido en el nuevo mandato. Esta reforma tendría en cuenta los efectos de la extinción del contrato por causas improcedentes en el empleado afectado, considerando aspectos como la responsabilidad familiar o la edad.

El programa de Gobierno acordado entre el PSOE y Sumar incluyó este compromiso de modificación del despido. Sin embargo, el Ejecutivo prefirió esperar el pronunciamiento del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la demanda presentada por UGT, a la que posteriormente se unió CCOO.

Álvarez critica los «palos en las ruedas»

El secretario general de UGT reiteró el domingo pasado las críticas de su sindicato desde enero hacia lo que consideran «palos en las ruedas» por parte del Ministerio de Justicia para retrasar el dictamen del Comité de Derechos Sociales.

La semana pasada, UGT demandó el «cese inmediato» del representante de España ante el CEDS, alegando «interferencias» en las reclamaciones colectivas y subrayando la importancia de «mantener la independencia» de dicho órgano.

Esta solicitud de dimisión se produjo antes del dictamen, pero después de que el CEDS publicara un informe sobre España correspondiente al año 2023, en el que, basándose en un caso específico, indicó que la compensación legal fijada para despidos improcedentes viola la Carta Social Europea revisada.

Por lo tanto, todo apuntaba a que el fallo sobre la demanda colectiva de UGT sería favorable a las posiciones del sindicato, a la espera de que se revele el contenido completo del fallo.