El Congreso paraliza los desahucios por deudas hipotecarias hasta 2028

El Gobierno consigue convalidar con 347 votos a favor, una abstención y cero votos en contra el decreto que prorroga hasta 2028 la moratoria para suspender los desahucios a deudores hipotecarios vulnerables.

Se trata de la primera votación de un real decreto ley en el Congreso desde el pasado mes de enero. Aquel día, el Ejecutivo de Pedro Sánchez amarró el apoyo de Junts a sus tres decretos en el último minuto, aunque solo salvó dos, por el voto en contra de Podemos al subsidio de desempleo impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, solicitó el apoyo a la medida aprobada el pasado 14 de mayo en virtud de un acuerdo con Podemos, precisamente durante la última jornada de convalidación de decretos con la contrapartida de dar su visto bueno al escudo anticrisis. «No se trata de apoyar al Gobierno sino de velar por los intereses de la ciudadanía a las que nos debemos», subrayó.

Rodríguez defendió la necesidad de prorrogar la norma mediante un real decreto ley porque de haber seguido el trámite ordinario la medida hubiese decaído el 15 de mayo y se habría producido un período de tiempo sin protección para los más vulnerables. El real decreto ley se tramitará como proyecto de ley por el trámite de urgencia después de que así lo votaran 342 diputados a favor.

Desde el PP, el diputado Joan Mesquida defendió que esta moratoria de desahucios vulnerables la puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012 «para impedir que las familias vulnerables tuvieran que entregar las llaves de su casa» en caso de desahucios durante la crisis económica del año 2008.

Apoyo de todos los partidos

Pese al apoyo, el popular se mostró crítico con la política de Vivienda del Ejecutivo y le pidió poder debatir en el Congreso la Ley Antiokupación aprobada por el PP en el Senado, así como hacerlo próximamente con la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda que la formación de Alberto Núñez Feijóo quiere impulsar también en la Cámara Alta.

Por su parte, el diputado de Vox Carlos Hernández anunció el voto a favor de su formación porque los españoles «merecen una tregua», pero alertó de que si la prórroga no viene acompañada de otras medidas que mejoren las condiciones de vida de los vulnerables «no será más que un parche». Defendió la «sociedad de propietarios» y criticó que esta prórroga extraordinaria es la mayor «acta de acusación contra la obra del bipartidismo».

En Sumar, Alberto Ibáñez defendió la prórroga para que «muchas familias puedan irse a dormir sin angustia», pero reclamó también la subida en un 3% del Iprem y la obligación de introducir en el registro de la propiedad que una vivienda está sometida a esta moratoria. Apuntó que el problema de la vivienda está relacionado con el «capitalismo» porque «nos convierte en seres solitarios que tienen relaciones de usar y tirar» y no genera vínculos.

Asimismo, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, confirmó el voto a favor de la medida pero advirtió que, al menos en el País Vasco, los desahucios de deudores hipotecarios solo representan el 13% del total frente al 87% que son inquilinos. Además advirtió las dificultades de algunos ayuntamientos para expedir el certificado de vulnerabilidad necesario para acogerse a esta moratoria.

Desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizabal afeó al Ejecutivo que el acuerdo con Podemos se cerrase en enero y apurasen la fecha para aprobar la moratoria a través de un real decreto. Subrayó la necesidad de que las familias no estén pendientes de otra prórroga dentro de cuatro años y tratar de «abogar por una solución definitiva».

En Podemos, la portavoz de la formación, Ione Belarra, se mostró «satisfecha» del acuerdo con el Ejecutivo pero advirtió que es una «tirita» para afrontar una situación «crítica» en el ámbito de la vivienda. Pidió expropiar viviendas a bancos y fondos buitre y aprobar una Ley de Medios para que no se mienta sobre las consecuencias de la Ley de Vivienda.

Por el BNG, Néstor Rego reforzó la propuesta de que la moratoria se vuelva «definitiva» después de más de 12 años de vigencia porque incluso en «periodo de bonanza», una familia puede quedar expuesta a la vulnerabilidad en las mismas condiciones. No intervinieron las formaciones independentistas catalanas.

Cuatro años de prórroga

Esta norma fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y se ha prorrogado desde entonces en varias ocasiones, la anterior en el año 2020. Protege de los desahucios a las familias numerosas, las monoparentales con un hijo a cargo, con menores de edad, con algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o incapacidad permanente. También a aquellas en las que el deudor se encuentre en situación de desempleo, con víctimas de violencia de género o mayores de 60 años.

No obstante, la ley marca que, además de pertenecer a alguno de esos colectivos, se deben cumplir una serie de circunstancias socioeconómicas de vulnerabilidad. En concreto, los ingresos de la unidad familiar no deben superar el límite de tres veces el Iprem en 14 pagas (8.400 euros en 2023), aunque se eleva a cuatro o cinco veces en determinados casos. Además, el límite se incrementa por cada hijo a cargo.

Además de sus límites de ingresos, la unidad familiar habrá tenido que sufrir en los cuatro años anteriores a la solicitud de suspensión del desahucio una «alteración significativa» de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, que la norma entiende como que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar «se haya multiplicado por al menos 1,5».

Por último, la cuota hipotecaria debe resultar superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de la unidad familiar y el crédito o préstamo de la hipoteca debe recaer sobre «la única vivienda en propiedad del deudor» y debe haber sido concedido para su adquisición.