Denaria pide apoyo al Defensor del Pueblo ante las trabas del Gobierno al dinero en efectivo
La plataforma Denaria cuestiona algunas medidas de las instituciones públicas como los límites de pago en efectivo o la discriminación en deducciones fiscales por el pago en metálico
El presidente de Denaria, Javier Rupérez (i), junto al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (d).
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Denaria, el lobby controlado por empresas privadas de seguridad que defienden el uso del dinero en efectivo, se reunió el martes con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para pedir un mayor respaldo ante las trabas de las instituciones públicas.
La plataforma recuerda que el metálico no fallará ante otro incidente informático, como el sucedido con Microsoft hace un par de semanas.
La asociación presidida por Javier Rupérez cuestiona principalmente el rol del Estado, ya que «no se ha divulgado de forma conveniente el derecho de los ciudadanos a pagar con dinero en efectivo, ni la obligación existente desde mayo de 2022 de aceptación del pago efectivo, recogida en la Ley General para la Defensa de los consumidores y Usuarios».
Denaria señala que, por el contrario, el gasto del Eurosistema para desarrollar el euro digital está estimado en 1.200 millones de euros, mientras que no se están implementado infraestructura, como oficinas y cajeros, para mantener el ciclo del efectivo.
En cuanto a las trabas estatales, recuerdan los límites de pago en efectivo de 1.000 euros en España, muy inferior a la referencia de 10.000 euros establecida en el Parlamento Europeo, las restricciones en el pago del alquiler o la discriminación en las deducciones fiscales al utilizar este medio de pago.
Neutralidad normativa
La plataforma entregó un documento al Defensor con una serie de propuestas para frenar esta problemática, donde destaca la neutralidad normativa, que todos los medios de pago reciban el mismo trato legal.
Otras medidas apuntan a que los gobiernos deben «garantizar una red adecuada de puntos de retirada y depósito de efectivo accesibles y sostenibles» y «hacer obligatoria la transparencia de costes de todas las formas de pago para informar al consumidor».
La educación a las nuevas generaciones sobre el valor del efectivo es otra medida que permite una mayor estabilidad económica e identidad nacional.
Cierre de oficinas
En la reunión con Denaria, Gabilondo recordó el informe que la institución publicó sobre el tema el pasado mes de mayo. El informe evidencia la problemática social y económica, subrayando en solo 15 años han cerrado más de la mitad de las oficinas bancarias en España.
El Defensor del Pueblo propuso «realizar con carácter periódico evaluaciones sobre el impacto que la aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales puede tener sobre determinados colectivos en situación de vulnerabilidad».
