De romper a pactar: Montero y Yolanda Díaz firman la paz por el IRPF del SMI tras mes y medio de tira y afloja

Han pasado seis semanas desde el Consejo de Ministros en el que la ministra portavoz, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, escenificaron en público el enfado entre ambos socios del Gobierno por la que ha sido una cuestión nuclear para el Ejecutivo desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

El 11 de febrero, cuando todos los focos estaban en la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), los titulares no se los llevó Trabajo, se los ganó Hacienda: por primera vez, este sueldo base comenzaría a tributar.

Después de mes y medio de tira y afloja, durante el cual Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, amenazó con hacer mayoría junto al PP para propinar al PSOE una dura derrota parlamentaria, ha habido fumata blanca entre los socios de coalición. No ha sido a lo que aspiraba el Ministerio de Trabajo completamente, y el Ministerio de Hacienda, que esta semana ha cuadrado las cuentas del Ejercicio 2024, tendrá que dejar de ingresar una importante cuantía. Pero ambos socios del Gobierno han firmado la paz.

El primer gesto por parte del Gobierno fue no presentar un veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley presentada por Sumar, que se tenía que estudiar la Mesa del Congreso de los Diputados en la tarde del viernes. Sumar ya había anunciado que levantaría cualquier prohibición uniendo sus votos a los PP.

El segundo gesto fue la retirada, por parte del partido de la vicepresidenta, de la propuesta de esa norma. Ambos socios presentarán la iniciativa parlamentaria de manera conjunta en los próximos días, sea mediante proposición de ley o vía enmienda.

Ahora, el Ministerio de Hacienda tiene que hacer el trabajo técnico para esa nueva deducción sobre la cuota del IRPF específicamente para aquellos perceptores del SMI que tendrían que comenzar a tributar este año, un 20% (unos 500.000 ciudadanos) de trabajadores solteros y sin cargas familiares, que no podían acogerse a otros beneficios fiscales que sí existen para parejas o para contribuyentes con hijos.

Esta deducción se aplicará de cara a la declaración de la renta de 2025 y tendrá un coste fiscal de en torno a 200 millones de euros que Hacienda dejará de recaudar. La cuantía es notablemente inferior a los hasta 2.000 millones de euros de impacto que tendría elevar el mínimo exento en el IRPF para equipararlo con los 16.576 euros del SMI, ya que eso afecta a todos los tramos de renta y no solamente a los trabajadores con la menor retribución posible.

El acuerdo llegó cuando todos los puentes parecían rotos y apenas unos minutos después de que Díaz, en declaraciones a Telecinco, dijera que Montero se había levantado de la mesa de negociación.

Desde Hacienda evitan entrar en el conflicto y señalan que ellos siempre mantuvieron que las negociaciones entre ambas vicepresidentas (y formaciones) seguían su curso. Fuentes de Trabajo confirman que la intervención del presidente Pedro Sánchez no ha sido necesaria para mediar entre Hacienda y Trabajo.

«Lo hemos conseguido por el bien de nuestro país, por el bien de los trabajadores. Creo que se ha hecho justicia. Y hoy los trabajadores que perciban el salario mínimo no van a tributar a Hacienda», dijo Díaz en declaraciones a laSexta tras firmar el acuerdo.

Ahora bien, la letra pequeña de este acuerdo implica que se circunscribe únicamente a 2025, por lo que la cuantía que se negocie en la subida del año próximo será clave porque sí implicará una tributación en el IRPF.

«La vocación del Gobierno es que en el año 2026 siga subiendo el SMI, que no haya ningún trabajador que esté por debajo del 60% del salario neto, como firmamos en el acuerdo de investidura y como el grupo de expertos también así ha reflejado en los respectivos documentos y, por tanto, ya llegaremos al año 2026 para ver en qué se sitúa», señaló la vicepresidenta Montero en una atención a medios desde Andalucía.

La verdadera prueba de fuego llegará en unas semanas cuando el Congreso tenga que aprobar esta deducción y el Gobierno tenga que contar con los votos de todos los socios parlamentarios habituales.