Cuchillo de palo en casa de Yolanda Díaz: los inspectores de trabajo acumulan 500 horas extra sin cobrar
El número de horas que se les exige para cobrar completo su complemento de productividad (hasta el 30% del sueldo) sitúa sus jornadas muy por encima del máximo legal
La propuesta fijada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar de llevar la jornada legal máxima a las 37,5 horas en 2025, desde el tope de 40 horas establecido en el Estatuto de los Trabajadores, ha topado con la Inspección de Trabajo. No solo porque la primera reacción de este cuerpo fuera cuestionar la puesta en marcha del pacto, debido a la dificultad de seguir su cumplimiento con un organismo mermado de personal. Sino porque ahora los subinspectores laborales han sacado cuentas: trabajan más de 500 horas ‘extra’ al año.
De acuerdo con cifras compartidas con ECONOMÍA DIGITAL por parte del Sindicato Estatal de Subinspectores Laborales de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), si la jornada laboral de la Administración General del Estado es de 37,5 horas semanales, lo que se traduce en 1.642 horas anuales, para los trabajadores de la Inspección es de 2181,2 horas anuales. Esto es, 44 horas semanales.
La razón está en el complemento de productividad que reciben en su retribución. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social establece unos objetivos para cada funcionario y también colectivos que se han de cumplimentar de manera trimestral. En función de su consecución, hay un mínimo de puntos (83) y un máximo (133). Los puntos equivalen a 4,10 horas de trabajo y para conseguir ese máximo es necesario un trabajo de 44 horas mensuales, de acuerdo con los cálculos de la central.
Horas ‘extra’ para cumplir su productividad
«La Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social entiende que un Subinspector Laboral escala Empleo y Seguridad Social que alcanza 133 puntos en un trimestre ha realizado el trabajo individual óptimo y, por tanto, tiene derecho a percibir el máximo complemento de productividad que se establezca en cada momento», detallan desde el sindicato. Este máximo supone cerca del 30% del sueldo de los inspectores.
Ahora bien, si no se alcanza ese techo, el complemento de productividad se reduce, por lo que el salario no se recibe en función de una jornada laboral concreta, sino en función de unos resultados trimestrales. Por menos de 83, no cobran. Y por más de 133, tampoco reciben más.
Otros sindicatos de Inspectores han confirmado que en la plantilla se trabajan «muchas horas», aunque sin apuntar una cifra concreta. Lo cierto es que Seslaess denuncia que, además de tener que trabajar más del máximo legal establecido en el Estatuto de los Trabajadores, carecen de horario. Ni se les retribuye el trabajo en fines de semana, festivos o nocturnidades. Fuentes sindicales consultadas ponen el ejemplo de una panadería. «Si yo tengo que ir a una panadería, tengo que presentarme a las seis de la mañana. Esa nocturnidad no se nos paga», inciden.
La Inspección: la piedra en el zapato de Yolanda Díaz
La Inspección de Trabajo arrastra un conflicto laboral con el Ministerio que dirige en funciones la vicepresidenta Yolanda Díaz que solo se ha visto aparcado por la situación de interinidad en la que se encuentra el Ejecutivo.
Los inspectores reclaman que tanto el departamento que dirige Díaz como el Ministerio de Hacienda, que también es responsable de Función Pública, cumplan tanto con el acuerdo firmado en julio de 2021 con los sindicatos como con el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, aprobado en noviembre de ese mismo año y que termina en diciembre de este año sin haberse implementado aún. El acuerdo incluía mejoras organizativas y retributivas, con nuevas plazas de inspectores y subinspectores para reforzar el servicio. De hecho, sostienen las fuentes sindicales consultadas, esta nueva estructura forma parte de las reformas comprometidas con Bruselas para el desembolso de los fondos Next Generation EU y aún no se ha cumplimentado.
La negociación entre el Gobierno y los sindicatos parecía encarrilada hasta que en mayo Hacienda paralizó la propuesta de una relación de puestos de trabajo (RPT) que aumentaría la dotación de efectivos para la Inspección. Desde la dirección del Ministerio se llegó a insinuar que el departamento que dirige la ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, había dinamitado la negociación porque el Ministerio de Trabajo estaba siendo gestionado por un partido político diferente. Y todo a pocos días de las elecciones municipales que provocaron la convocatoria adelantada de los comicios generales.
El acuerdo entre el PSOE y Sumar ha vuelto a levantar las suspicacias de los sindicatos debido a que será la Inspección la encargada de que se cumple el recorte de jornada gradual, de 38,5 horas en 2024 y de 37,5 horas en 2025. «Esperamos que expliquen cómo se va a garantizar el cumplimiento de la reducción de la jornada, el incremento del SMI, nuevos permisos retribuidos… sin el refuerzo de la Inspección de Trabajo», se preguntó la presidenta del sindicato, Ana Ercoreca.