CSIF y UGT reclaman al Gobierno «números concretos» de las plazas de empleo público
Las centrales obreras mantienen las reuniones con el Ministerio de Función Pública para pactar las nuevas plazas de trabajadores públicos para este año
Protesta de Inspectores de Hacienda. Foto Diego Radamés / Europa Press
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y UGT se reunirán el lunes de nuevo con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para avanzar en la negociación de la oferta de empleo público (OEP) para este año, después de que ambos sindicatos tuvieran la primera reunión con el Ministerio el pasado jueves.
Fuentes del Ministerio consultadas por Servimedia resaltaron el «buen tono» del encuentro y emplazaron al lunes la segunda reunión de la Comisión de Temporalidad y Empleo con los sindicatos sobre la que será la OEP de 2024. Asimismo, calificaron el encuentro de «primera toma de contacto».
Sin embargo, fuentes de UGT adelantaron a Servimedia que el Ministerio no dio «ni siquiera datos sobre el número de plazas concretas» y esperaron que en la reunión de la próxima semana Función Pública concrete más.
Fuentes de CSIF adelantaron a Servimedia que Función Pública le comunicó que la OEP de este año «será muy similar a la del año pasado», debido a la prórroga presupuestaria. En ese sentido, pidieron que el Ministerio proporcione «números concretos», así como «que nos digan las bajas y la cobertura de plazas del año pasado para comprobar que se crea empleo neto».
Además, afirmaron que la sensación tras esa primera reunión es que el Gobierno quiere aprobar «ya» la OEP de este año. «Está al caer», aseguraron, tras indicar que Función Pública está teniendo unas reuniones con los sindicatos «porque están obligados». Según CSIF, «por experiencias pasadas la tendrán ya prácticamente decidida».
Las ofertas de empleo público para 2023
El Gobierno aprobó en julio del año pasado la oferta de empleo público (OEP) para 2023, con 39.574 plazas. Del total, 27.246 plazas fueron para el turno libre y 12.328 para promoción interna.
En concreto, de las 39.574 plazas de la oferta ordinaria (un 15,8% superior a la de 2022), 29.818 correspondieron a la Administración del Estado. De ellas, 19.947 fueron de nuevo ingreso y 9.871 de promoción interna.
De las plazas restantes, 2.833 fueron para el Cuerpo Nacional de Policía (2.600 de ingreso libre y algo más de 200 a promoción interna); 2.875 para reforzar la Guardia Civil (2.520 nuevas y algo más de 300 para ascensos); y 1.907 se destinaron a la Administración de Justicia (1.215 de ingreso libre y algo menos de 700 para promoción interna). A estas cifras se sumaron las 2.141 plazas aprobadas antes para fuerzas armadas y Escala de Oficiales de la Guardia Civil.
Asimismo, el Ejecutivo convocó 2.500 plazas para entrar en la Seguridad Social y mejorar la atención a los ciudadanos, y otras 1.025 para reforzar la gestión del ingreso mínimo vital (IMV). También sumó 500 nuevos trabajadores públicos a la escala de funcionarios de habilitación de carácter nacional, que se ubicaron en entes locales. Otro número destacado fueron los 8.790 puestos en el subgrupo C1, casi el 40% del total de la oferta destinada a la AGE.
También hubo 57 plazas para personal docente, 66 para el personal Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y 236 para personal estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa. En paralelo, otros 254 empleos públicos se repartieron entre los entes públicos del sector portuario, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Museo del Prado.
Así, de las 27.246 plazas de nuevo ingreso de la convocatoria oferta ordinaria, 18.621 fueron para satisfacer la reposición de efectivos y las 8.625 restantes supusieron nuevo empleo neto.
En la oferta de empleo público del año pasado el Gobierno también se comprometió a mantener la tasa de temporalidad por debajo del 8% para 2024.
En ese sentido, CSIF advirtió esta semana de que llevará a los tribunales a las administraciones públicas que superen el 8% de temporalidad. En un comunicado, el sindicato denunció que «en la actualidad el Gobierno y las diferentes administraciones no están aplicando de manera adecuada los plazos que marca la ley». Además, «la tasa de reposición va a perpetuar el problema y dificultará cumplir el objetivo de reducir la interinidad al 8% a final de año para responder a las exigencias de Bruselas».
