CSIF pide no generar «falsas expectativas a corto plazo» con la sentencia del TJUE sobre los interinos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios destaca la necesidad de endurecer la responsabilidad de las administraciones y eliminar la tasa de reposición para garantizar la estabilización del empleo público.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valoró positivamente este viernes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que pone de relieve el «abuso de la temporalidad» que han realizado las administraciones españolas a lo largo de los últimos decenios, pero pidió «prudencia» y no generar «falsas expectativas a corto plazo», ya que el pronunciamiento afecta solo a tres casos judicializados.
«Tal y como hemos venido denunciando, los procesos selectivos realizados en el pasado no han sido garantía para la estabilización del empleo público, por su lentitud y porque en muchos casos ni siquiera se han llegado a ejecutar. Las medidas disuasorias tampoco han sido efectivas», lamentó el sindicato en un comunicado, en el que exigió «endurecer la responsabilidad de las administraciones que no cumplan y eliminar de una vez la tasa de reposición».
La sentencia, por otra parte, establece que los tribunales españoles tienen la posibilidad de modificar la jurisprudencia para atender situaciones como las de los tres casos de personal laboral indefinido no fijo analizados por el TJUE. «Pedimos, por tanto, prudencia y que no se generen falsas expectativas a corto plazo. La sentencia se refiere únicamente a los casos analizados por este tribunal», avisó CSIF.
Entre tanto, indicó que va a «velar» por la «seguridad jurídica» y porque concluyan de manera «satisfactoria» los procesos de estabilización iniciados a partir de 2021, que no deben verse afectados por esta sentencia.
También va a pedir que las administraciones «rindan cuentas» y la interinidad no supere el 8% a partir del 31 de diciembre de 2024, tal y como marca la Ley, pese a que la temporalidad sigue estancada en el sector público en el 30%.