CSIF amenaza a Óscar López con una huelga de funcionarios si no mejora sus condiciones

El sindicato CSIF ha convocado para el 11 de noviembre y el 16 de diciembre movilizaciones de empleados públicos en toda España para reivindicar la equiparación salarial de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) con el personal de comunidades autónomas y entidades locales, advirtiendo que podría desembocar en una huelga si no se atienden sus exigencias.

«Estamos planteando tanto paros parciales como una convocatoria de jornada de huelga en las Administraciones Públicas que sería, indudablemente, el último recurso», ha aseverado el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, en una rueda de prensa.

El líder del sindicato mayoritario entre los funcionarios ha asegurado que la apertura de conversaciones con el Ejecutivo no va a parar las movilizaciones de los empleados públicos, sino que necesitan que el ministro de la Función Pública, Óscar López, «ponga encima de la mesa soluciones de todo lo que estamos planteando».

En concreto, la central exige un nuevo acuerdo retributivo que compense la pérdida de poder adquisitivo del 5% desde el firmado hace dos años; la equiparación salarial con el resto de administraciones, una oferta de empleo público sin tasas de reposición, culminar el proceso de estabilización del personal, mejoras en la jubilación, una jornada de 35 horas en todo el Estado, así como la mejora de la asistencia sanitaria en Muface, Mugeju e Isfas.

El sindicato ha reprochado al ministro López que no se haya producido una reunión formal, más allá de una primera toma de contacto, para abordar estos temas que preocupan a funcionarios y empleados públicos. «Están pasando las semanas y el Gobierno hace oídos sordos a nuestras peticiones de comenzar a negociar«, ha deplorado.

Las movilizaciones para los próximos 11 de noviembre y 16 de diciembre serán frente al Ministerio de Hacienda, en Madrid, y ante las subdelegaciones de Gobierno de cada una de las provincias españolas.

En cuanto a sus peticiones, los funcionarios reclaman compensar la pérdida de un 20% de poder adquisitivo acumulado desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con una masa salarial de los empleados públicos de la AGE que se ha reducido en 4.721 millones. Así, el sindicato insiste en recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.

Según un informe elaborado por la central, los empleados públicos de la AGE cobran, de media, 8.000 euros menos al año que los trabajadores en el mismo puesto en otras administraciones públicas. La horquilla, calcula CSIF, varía entre los 11.826 y 4.349 euros al año, en el caso de los funcionarios; y los 10.087 y los 3.523 euros, para el personal laboral.

En total, calculan que harían falta 1.487 millones de euros para lograr la igualdad salarial plena entre administraciones, algo que podría hacerse a tres años para evitar el roto en las cuentas públicas.

«No es que pretendamos en la AGE ganar 1.487 millones de euros más», ha insistido el presidente del Sector Nacional de la AGE de CSIF, Carlos Martínez. «Lo que pedimos es dejar de perder cada año los 1.487 millones de euros de diferencia salarial realizando el mismo trabajo en la AGE que en los Ayuntamientos o CCAA», ha zanjado, tachando a la Administración General del Estado de «colectivo muy maltratado».