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Yolanda Díaz reclama conocer las rentas de las empresas para negociar los convenios
El martes también se debatirá la proposición no de ley de incluir a los trabajadores y sindicatos en los consejos de administración de las empresas
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone que se publique trimestralmente los datos económicos del Observatorio de Márgenes Empresariales, clasificados por tipo de convenio colectivo y desglosados por tamaño de empresa, para mejorar tanto la negociación colectiva como el análisis de la política laboral.
Según el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, esta propuesta representa un “cambio revolucionario”, ya que los convenios colectivos provinciales y autonómicos, que cubren aproximadamente al 60% de los trabajadores en España, se firman sin contar con información económica relevante sobre las empresas implicadas.
Información para cada convenio
Disponer de información económica específica para cada convenio colectivo permitiría, por ejemplo, acceder no solo a datos sobre el sector hostelero en general, como los que proporciona el Observatorio de Márgenes Empresariales, sino también sobre la hostelería en áreas específicas como Madrid, Málaga o Lugo.
Esto garantizaría que los negociadores de los convenios cuenten con información económica oficial y actualizada, referente a todas las empresas incluidas en el ámbito de negociación, lo que nivelaría el terreno para ambas partes en la mesa de negociación.
Según precisa Martín, «así sería más fácil fijar un incremento salarial medio o hacerlo para una banda, en el caso de actividades con mucha dispersión, o decidir el descuelgue y posterior recuelgue de las condiciones generales de trabajo de empresas que se apartan del comportamiento general», dijo el legislador de Sumar, que ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que se implante ese sistema.
Análisis de salarios y dividendos
Además, se obtendría información sobre las rentas que las empresas distribuyen a través de dividendos y cómo esto puede influir en su capitalización o en su nivel de inversión.
«La publicación y utilización de la información económica procedente de los registros administrativos de las mesas de negociación no solo repercutirá positivamente en la transparencia, eficiencia, cohesión y coordinación de la negociación colectiva, sino que también permitirá realizar un análisis económico más preciso y útil de la evolución de los salarios, los beneficios que se extraen de la empresa, la productividad y el reparto de ésta», señala Sumar en su iniciativa.
La proposición no de ley sobre la «creación de un Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENN) a partir de los registros administrativos oficiales», que los de Yolanda Díaz esperan debatir en el pleno el próximo mes de mayo, implica la colaboración del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, y de Seguridad Social, que encabeza Elma Saiz.
Sumar quiere que suscriban un convenio con el de Trabajo para que la Agencia Tributaria «lidere», junto con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, la «publicación trimestral de la información económica incluida en el Observatorio de Márgenes Empresariales, agrupada por convenio colectivo de trabajo de ámbito superior al de empresa, y la proporcione asimismo por tamaño de empresa».
Trabajadores en los consejos de administración
Asimismo, la Comisión de Trabajo del Congreso debatirá este martes la propuesta de Sumar para incluir a trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales en los consejos de administración de empresas y grupos empresariales, con el objetivo de impulsar un funcionamiento «más democrático de las empresas», dijo la agrupación.
La propuesta de la formación de Yolanda Díaz se basa en ejemplos concretos de legislación como la Ley de Cogestión de Alemania y dos Directivas Europeas sobre la implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea y en la sociedad cooperativa europea. Estas directivas fueron transpuestas en 2006 mediante una ley que, según Sumar, establece un sólido punto de partida para un marco normativo más garantista.
Además, se hace referencia al artículo 129.2 de la Constitución, que ordena a los poderes públicos promover de manera efectiva las diversas formas de participación en la empresa.
Por lo tanto, la propuesta de la formación de Yolanda Díaz, recogida por Europa Press, busca reforzar el marco normativo relacionado con los mecanismos de información, consulta y participación de los trabajadores «en la toma de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo y empleo y a la organización del trabajo en la empresa».
El grupo plantea asimismo el «diseño e implementación de los instrumentos de control necesarios para asegurar que los derechos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras en la empresa resultan eficaces a tales fines».