Los consumidores reclaman al Gobierno prorrogar las ayudas a las facturas de la luz y el gas

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha pedido al Gobierno la prórroga de las ayudas para pagar las facturas de la electricidad y el gas, así como el resto de medidas del escudo social aprobadas desde la pandemia. La organización también ha emplazado al Ejecutivo a mejorar su sistema de concesión para cubrir «de manera efectiva» las necesidades de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad energética.

La CECU ha alertado que la finalización de estas ayudas comportará una «importante reducción» en el número de potenciales beneficiarios, una situación que se agravará teniendo en cuenta el actual contexto en que «el coste de la vida es cada vez más elevado a raíz de la inflación, los precios de bienes y suministros básicos son desorbitados y son cada vez más los hogares españoles en situación de vulnerabilidad energética».

Ampliar la eficacia y la cobertura de las ayudas

Los consumidores también han advertido que la desaparición de las ayudas «supondrá la vuelta a los umbrales de renta establecidos en 2017 que, a su parecer, «no cubren» a todos los ciudadanos que habrían de contar con esta protección económica. «Se regresará también a los porcentajes de descuento en la factura anteriores a la pandemia, que pasarán del 65% al 25% para los consumidores vulnerables y de 80% a 40% en el caso de las personas vulnerables severas», han recordado.

«La urgente renovación de estas ayudas extraordinarias constituye una oportunidad para ampliar su eficacia y cobertura a través de una reforma del bono social eléctrico«, ha enfatizado la responsable de energía de CECU, Soledad Montero. A ojos de la entidad, el primer paso para ello habría de ser facilitar el procedimiento tanto de solicitud como de concesión, de manera que tenga un carácter automático, como mínimo, para los hogares más vulnerables.

Otro de los puntos a tener en cuenta tiene que ver con el refuerzo de los criterios de renta. En un contexto de «inflación mantenida y generalizada», consideran que evitaría «restringir aún más el acceso al bono social eléctrico para hogares y familias en situación de vulnerabilidad energética».

También ha instado al Gobierno a revisar los criterios de concesión del bono social, concretamente, a incluir en todos los casos un criterio de renta, aunque pueda modularse en función de la composición del hogar. Por último, han pedido que se mantenga de «forma permanente» la prohibición de cortes de suministro a las personas consumidoras vulnerables y vulnerables severas.