El Consejo de Ministros estudia este martes la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas
La propuesta llega prácticamente un año después de la primera reunión del diálogo social sobre la materia y tras haberse superado las diferencias que mantenían los Ministerios de Trabajo y de Economía sobre su aplicación
El Consejo de Ministros evaluará este martes una significativa reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, manteniendo el salario actual, en una medida que podría beneficiar a 12 millones de trabajadores.
Después de intensas negociaciones, el anteproyecto que busca equilibrar las diferencias entre los Ministerios de Trabajo y de Economía, será presentado para su aprobación inicial. Las discrepancias previas, que retrasaron el proceso, fueron finalmente superadas, abriendo la puerta a esta reforma laboral importante.
El documento final es producto de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, y los sindicatos CCOO y UGT.
Multas de hasta 10.000 euros serán aplicadas a aquellas empresas que violen las disposiciones de esta nueva ley sobre el registro de la jornada laboral y la reconfiguración de las horas de trabajo a 37,5 horas a la semana.
Se prevé que la medida impacte principalmente en la organización empresarial, especialmente en aquellas que necesitarán ajustar los convenios colectivos existentes a la nueva jornada máxima estipulada. Además, cualquier contrato a tiempo parcial que exceda las 37,5 horas pasará a considerarse a tiempo completo al instaurarse esta ley.
Las jornadas especiales de trabajo también serán objeto de revisión durante los próximos 18 meses, buscando adaptar las ampliaciones y restricciones en la jornada laboral a la nueva normativa legal.
Registro horario y desconexión digital
Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la norma, se establecerán registros horarios digitales. Los trabajadores realizarán los registros personalmente para evitar manipulaciones. Además, se reforzará el derecho irrenunciable a la desconexión digital, asegurando que no haya represalias por no responder comunicaciones fuera del horario laboral.
Finalmente, las empresas tendrán seis meses desde la publicación oficial de la norma para implementar los sistemas de registro que cumplan con los requisitos necesarios para garantizar su propósito fundamental.