Conpymes usará la sentencia del Supremo para instar a Yolanda Díaz a sumarlos ya al diálogo social

La patronal Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) se ha apuntado un tanto importante al conseguir que la anulación por parte del Tribunal Supremo de un decreto de diciembre de 2022 que concedía 30,6 millones en subvenciones a UGT, Cepyme y UGT sin concurrencia. Es decir, a dedo. Pero ahora, la organización que preside José María Torres y vinculada a la catalana Pimec quiere usar este fallo para forzar al Ministerio de Trabajo a sentarlos en la mesa del Diálogo Social.

Fuentes de la citada organización han explicado que la sentencia los reconoce como «interlocutores sociales», lo que les da un argumento más para presionar a que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los integre como representantes de las pequeñas y medianas empresas en el seno del Gobierno.

El acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar ya recogía que las normas para fijar la representación empresarial iban a ser remodeladas. Así, el acuerdo remite a un reglamento para desarrollar las «reglas de representatividad empresarial», sobre todo «las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional». Conpymes, que asegura que Cepyme no puede ejercer esta representación al estar integrada en la CEOE, busca que Díaz elabore ya el reglamento o que, al menos, les permita probar su representatividad para sumarse al diálogo social.

Díaz aún no aborda la integración de Conpymes

Las mismas voces de la organización patronal apuntan que no ha habido noticias en cuanto al desarrollo de esta normativa. Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron la semana pasada que estos cambios no se iban a producir de momento.

Mientras, la esta organización patronal insiste en que seguirá utilizando la vía judicial, a la espera de que la Audiencia Nacional decida si puede forzar o no a Trabajo a incluirla en sus negociaciones sociales.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, informa EFE, la sala de lo contencioso del Supremo descarta que en diciembre de 2022 se pudiera apelar a la pandemia de COVID y a la guerra en Ucrania y conceder las subvenciones sin convocatoria pública y de forma excepcional, como sí se hizo en 2020. Se trataba de subvenciones para la digitalización del sector productivo, en el marco del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea, en el que las organizaciones sociales actuaban como mediadoras, ya que eran impartidos por Telefónica.

Fuentes patronales han explicado que estas subvenciones eran finalistas y que en su primera edición se alcanzó en torno a 15.000 alumnos, lo que representa alrededor del 20% de la cifra total esperada. Por lo tanto, señalan, la cuantía no alcanzará los 15 millones de euros -las cifras otorgadas a ambas organizaciones empresariales- ya que se recibía la financiación en función del número de alumnos titulados. Estas fuentes esperan a estudiar la sentencia y desconocen si tendrán que afrontar una potencial devolución, ya que el error es responsabilidad del Ejecutivo.

Este último argumento destacan desde UGT, que dicen que su anulación obedece a cuestiones formales del Gobierno. En cualquier caso, tras conocer este fallo, fuentes sindicales confirman que interrumpirán las actividades formativas «y estudiaremos el contenido y el alcance de la sentencia que nos han notificado para tomar una decisión definitiva».

La sentencia del Supremo, que avala el recurso de Conpymes, destaca que debió respetarse la Ley General de Subvenciones y la convocatoria pública allí regulada, sin supresión de los informes, consultas y dictámenes que prevé, sin perjuicio de que pueda establecerse una reducción de plazos en los mismos.