Conpymes aguarda la entrada al diálogo social en plena guerra CEOE-Cepyme: "Corrobora que son lo mismo"

La guerra entre Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y Gerardo Cuerva, líder de Cepyme, por el control de esta patronal tiene a varios espectadores muy pendientes de su resultado. Por un lado, el Ministerio de Trabajo, que sigue muy de cerca -y con preocupación- el conflicto. Y, por otro, una tercera organización en liza, Conpymes, que aguarda turno para entrar en el diálogo social.

Fuentes de Conpymes consultada por ECONOMÍA DIGITAL lamentan la guerra entre empresarios ya que, en este momento, «deberíamos estar todos unidos ante las graves políticas antiempresa que están impulsando desde Trabajo». La patronal, creada en torno a la catalana Pimec -enemiga de Foment del Treball-, estuvo apadrinada por la vicepresidenta Yolanda Díaz en su puesta de largo, pero las últimas negociaciones sobre el recorte de la jornada laboral han certificado su alejamiento.

Conpymes lleva años tratando de que se reconozca su representatividad como organización empresarial y poder sentarse en el Diálogo Social, un lugar hasta ahora vedado para ellos. La organización interpuso en 2022 un recurso ante la Audiencia Nacional al que todavía esperan respuesta pero creen que la guerra entre Garamedi y Cuerva «corrobora que son la misma organización», una de las críticas que se hace a nivel europeo de la coexistencia CEOE-Cepyme.

En 2023 la Comisión Europea publicó una recomendación para exigir a los Estados miembros que garanticen los procedimientos tanto de representatividad sindical como empresarial. Y el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar recogió el guante, prometiendo una «Ley de representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas» que está incluida en el Plan Anual Normativo de 2024.

El objetivo, «desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional». Fuentes de la Vicepresidencia que dirige Yolanda Díaz confirmaron que el plan sigue en marcha, aunque no está entre las prioridades más inmediatas del Ejecutivo. En cualquier caso, recuerdan, todo dependerá de los partidos en el Congreso… Y cualquier mayoría pasa por Junts, con una gran cercanía a Foment.

«Se quieren seguir imponiendo una voz única en el diálogo social, que es la que marcan las grandes empresas. Aunque es algo que todo el mundo sabe y se mira para otro lado. Consideramos más factible conseguirlo [entrar en el diálogo social] más a través de la justicia a que el Gobierno mueva ficha», dicen desde la patronal que lidera José María Torres, fundador del Grupo Numintec.

En el Ministerio de Trabajo reconocen, más allá de la preocupación por la victoria de Cuerva en el pulso de esta semana a Garamendi, que el golpe de mano en la patronal viene a reconocer que CEOE y Cepyme son la misma organización, por lo que difícilmente la segunda puede representar los intereses de las pymes.

Aquí es donde entra Conpymes, una patronal a la que, en el mundo empresarial, consideran muy cercana al Gobierno e incluso una suerte de «infiltrada» para conseguir un agente más próximo a sus intereses en el diálogo social. Esto es así porque Yolanda Díaz amadrinó su fundación y también participó Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en su puesta en marcha.

Sin embargo, hace unas semanas Conpymes formalizó en ECONOMÍA DIGITAL el fin de su idilio con Yolanda Díaz, con un duro artículo en el que criticaba las formas con las que se había llevado a cabo la negociación del recorte de la jornada laboral. De hecho, han convocado para el próximo 18 de marzo una jornada para rechazar las formas en las que se pretende llevar a cabo por parte del Gobierno.

Mientras, el Ministerio de Trabajo sigue con su agenda política. Esta semana dio pistoletazo de salida al comité de expertos internacional que van a estudiar los diferentes modelos con los que democratizar la empresa. Es decir, la base con la que el Gobierno pretende elaborar la Ley de democracia en la empresa, que podría llegar a sentar a representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las compañías. Esta norma también está recogida en el Plan Anual Normativo para 2024, pero en el Ejecutivo reconocen que no llegará antes de 2026 al Consejo de Ministros.

«No hay libertad, tampoco libertad política, allí donde los trabajadores no tienen derecho a codeterminar sus condiciones laborales. No puede haber ciudadanía política sin ciudadanía económica«, defendió la vicepresidenta segunda en la presentación de este comité, que presentará un informe con sus trabajos en septiembre.

La guerra entre Garamendi y Cuerva, azuzada por las fuertes críticas de este último al Gobierno desde el año pasado, no se resolverá, como pronto, hasta abril o mayo. Y, de momento, las cartas del vasco no parecen suficientes para ganar la partida.