El Congreso da luz verde a la ley para asegurar un cajero automático por municipios

El Pleno del Congreso de los Diputados votará previsiblemente a favor de tomar en consideración una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para garantizar el servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera y el acceso a los servicios bancarios.

Así se prevé después de que el PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, Junts y algunos miembros del Grupo Mixto expresaran su voto favorable a la iniciativa presentada por el Parlamento catalán para el establecimiento del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera mediante un régimen preferente de instalación voluntaria y otro que obliga a ello. El cajero automático debe dar servicio de forma continua durante las 24 horas del día, todos los días del año, y debe prestarse en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas.

Los costes de instalación correrán a cargo de las entidades y en el caso de que haya cajeros que se instalen por parte de la administración pública se cargarán dichos gastos a un fondo que se dotará con las aportaciones de las entidades financieras.

El Banco de España, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la norma, debe remitir al Ministerio competente una lista preliminar con la relación de los municipios que se encuentran en riesgo de exclusión financiera.

Tres representantes del parlamento catalán, Jordi Orobitg, Jordi Munell y Joan Carles Gallego, fueron los encargados de defender la iniciativa en el Congreso. Orobitg destacó que «se trata de actuar con equidad» y pidió el voto a favor porque «después de un rescate bancario es necesario que garanticemos una banca al servicio de todas las personas, en especial, las más vulnerables».

Munell agregó que están pidiendo «lo mínimo para conseguir lo mínimo» y que la proposición no es «una medida revolucionaria, sino asumible, viable, realista». Gallego también defendió que salga adelante para «avanzar» en la reducción de la exclusión financiera, si bien reconoció que disponer cajeros en todas partes «no agota las causas o motivos de exclusión financiera».

Por parte de los grupos, Alicia Álvarez, del PSOE, destacó que el partido apoya la iniciativa, que «siempre está abierto al diálogo» y consideró que la propuesta tiene «amplio margen de mejora» y se ve «superada» por las medidas que se han adoptado. Indicó que en 243 municipios de más de 500 habitantes en los que no hay ningún punto de acceso presencial, ya hay 158 que sí lo tiene, 20 están implantando cajeros y otros 49 están en proceso de licitación para instalarlos, y en municipios de menos de 500 habitantes «se trabaja en medidas distintas» como acuerdos con Correos.

Impuesto a la banca

Álvarez también hizo referencia al impuesto extraordinario al sector para destacar que supondrá 1.600 millones este año «sin que haya supuesto para el sector ese apocalipsis bancario». «Se ha batido récord en el sector, ese margen de beneficios ha de devolverse al conjunto de la sociedad, ahí está el PSOE», presumió.

Por Sumar, Félix Alonso dijo que «aquellos bancos a los que obligados rescatamos ahora les toca poner de su parte» y citó que han recogido beneficios históricos en 2023 el Sabadell, el Santander, BBVA y CaixaBank. «El impuesto no ha quebrado a la banca, no se han hundido», agregó, y consideró que «ha llegado el momento de iniciar los pasos para crear un banco público usando el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las sucursales de Correos».

Desde el PP, Santi Rodríguez apuntó que «la reducción de oficinas y cajeros ha sido y es una realidad» y reclamó modificaciones en la iniciativa propuesta para, por ejemplo, que no se considere un municipio en riesgo de exclusión que no tenga cajero, pero sí acceso a servicios financieros. «Esperamos que esta proposición prospere para resolver el problema, pero que no se trate de una proposición de ley de venganza por los prejuicios que aquellos han demostrado hoy en esta tribuna», criticó.

Por Vox, Carina Mejías lamentó que hoy se debate la iniciativa porque «no se han cumplido» los compromisos del Gobierno sobre inclusión financiera y se alineó con otros grupos al señalar que a los bancos «se les debería exigir que cumplieran con ese beneficio social».

Crítica al Gobierno

Por Junts, Isidre Gavin se preguntó que en un contexto en el que «la gente del mundo rural está harta de sentirse desatendida», cómo no habría movilizaciones por parte de los agricultores y cómo la administración «puede haber mirado a otra parte». Gavin opinó que el cierre de oficinas bancarias representa un Estado «en contra, que no está al lado de la gente» y la iniciativa «es una enmienda a la totalidad de las políticas centralistas».

Desde ERC, Inés Granollers recordó que la banca obtuvo beneficios récord el año pasado frente al «salvaje incremento» de las cuotas hipotecarias. Tachó de «escándalo» que las entidades «se lucren impunemente» y «dejen desprovistos de acceso a su dinero a miles de ciudadanos». Granollers lanzó una crítica al Gobierno al señalar que «habría que demostrar mucha más valentía política que la que ha demostrado este Gobierno para frenar la vorágine especulativa del sector bancario, necesitamos más leyes con equidad» y pidió que la iniciativa se tramite con «la máxima celeridad».

Por el PNV, Idoia Sagastizabal anticipó su voto favorable, si bien consideró la necesidad de modificaciones en la fase de enmiendas para «amoldar» la iniciativa «a la nueva situación». Relató que «ya hay otras formas» de acceder al efectivo como ofibuses o el ‘cash in shop’ o ‘cash back’, obteniéndolo en tiendas o en las oficinas de Correos, y planteó alternativas como rutas a oficinas o cajeros próximos dentro del taxi a la demanda que se lleva a cabo en diputaciones.

Por su parte, el diputado de EH Bildu Oskar Matute avanzó su voto favorable justificándolo en que es un problema que «sigue sin resolverse» y dijo no dar por buenas las cifras del Observatorio de Inclusión Financiera, promovido por la banca, sobre reducción de la exclusión financiera porque «vendría a ser algo así como el VAR de Negreira». Matute argumentó que votará a favor por considerar un derecho el acceso de los ciudadanos «a sus propios recursos» y porque «es importante legislar».