Los concursos de autónomos caen en picado: la reforma de la Ley Concursal «no funciona»
Los procesos de personas empresarias físicas se reducen un 22% en el segundo trimestre de 2024, mientras los procedimientos ordinarios baten un nuevo récord y se incrementan un 38%
La puesta en marcha de la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, está dejando unos resultados agridulces.
Se trata de una normativa que tiene por objetivo que las personas físicas, sean o no empresarias, puedan exonerar sus deudas para reincorporarse a la vida civil.
Sin embargo, mientras que para los concursos de personas físicas no empresarias está funcionando y cada vez se registran más procesos, en el caso de los autónomos, la ley no acaba de dar sus frutos.
En el segundo trimestre de 2024, los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presentados por parte del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), muestran que se han registrado un total de 903 concursos de personas físicas empresarias.
Es un 22,5% menos que en el mismo periodo de 2023. En el primer trimestre, la caída fue del 24%. Comparando 2022 y 2023, disminuyeron un 27%. En cambio, entre 2021 y 2022, se incrementaron un 30%, llegando a alcanzar los 5.137 concursos.
Paradójicamente, en 2022 fue cuando se aprobó una reforma de la Ley Concursal que tenía por objetivo precisamente agilizar los procedimientos concursales, a partir de una transposición de una directiva europea sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.
Proceso largo y costoso
¿Por qué han empezado a disminuir los concursos justo cuando se aprobó la reforma que pretendía lo contrario?
Según la vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, los datos muestran que se está volviendo a la normalidad después del incremento que se produjo durante la pandemia del Covid.
"Los autónomos tradicionalmente acuden muy poco al concurso de acreedores, porque es un procedimiento administrativo largo y costoso, para personas que ya están en una situación financiera muy difícil", explica.
En esta línea, subraya que la reforma no ha solucionado ninguno de los problemas a los que se enfrentan los autónomos
"No está funcionado, el efecto es inocuo; durante la época del coronavirus, se acumularon los procesos, hubo moratorias, etc., por eso se incrementaron, pero ahora se está volviendo a la normalidad", explica.
Los cambios en la normativa han supuesto algunos "avances", considera la vicepresidenta de ATA, pero "siguen sin compensar".
Por ejemplo, detalla que la directiva europea forzaba la inclusión de que se pudiesen exonerar los créditos públicos, pero la ley española puso un límite de 10.000 euros a Hacienda y 10.000 a la Seguridad Social.
Si un autónomo debe más de esa cantidad a estos organismos públicos, el resto del dinero no puede ser exonerado. Esta normativa ha sido ratificada recientemente por la justicia europea.
Por eso, desde ATA siguen pidiendo la mejora y agilización de los procedimientos y trámites, así como la justicia gratuita, pues los autónomos, asegura su vicepresidenta, siguen teniendo que pagarse el administrador concursal, en un momento en el que la persona "está en una situación difícil".
Asimismo, Ferrero también critica que no se hayan puesto en marcha los mecanismos de alerta temprana que la reforma contemplaba, es decir, el asesoramiento y acompañamiento para la prevención de la quiebra de los autónomos.
En la misma línea se expresan desde el despacho Ideuda.com, que trabaja precisamente en los procedimientos de exoneración.
"El procedimiento acelerado para microempresas y autónomos que contemplaba la reforma a la práctica no está funcionando", afirman. Y ponen como ejemplo que la plataforma que puso a disposición el Gobierno para liquidar los bienes de estas microempresas únicamente cuenta con 12.000 euros en activos en toda España.
Desde Ideuda, que apuntan que ya se está revisando la normativa, coinciden con que los procedimientos actuales son lentos, por lo que muchas veces los autónomos que se encuentran en esta situación de insolvencia lo que hacen es darse de baja de autónomos e iniciar un procedimiento de persona física ordinario. Un hecho que puede explicar la subida de los concursos de las personas físicas no ordinarias.
Nuevo récord de los concursos de personas
A diferencia de los concursos de personas físicas empresarias, los que tienen que ver con no empresarios no han dejado de incrementarse en los últimos años.
En España, en el segundo trimestre de 2024 se ha pasado de 9.313 procesos en el mismo periodo de 2023 a 12.875, lo que supone un crecimiento del 38,2%. Entre 2022 y 2023, la subida fue del 115,4%, y entre 2021 y 2022, del 54,3%.
Cataluña es la comunidad autónoma con más procedimientos de personas físicas empresarias
Precisamente en la presentación de los datos por parte del ICAB, la entidad ha querido poner en valor el trabajo impulsado desde la Aliança, una plataforma creada en 2021 para dar a conocer e impulsar el mecanismo de la Segunda Oportunidad, que a través de la exoneración de deudas busca dar una segunda oportunidad y la reincorporación a la vida civil de las personas, tanto particulares como autónomos.
El ICAB ha puesto de manifiesto el trabajo de la plataforma y sus frutos, con este incremento de los particulares, que ya representan el 94% del total de procedimientos, con datos de 2024, mientras que los concursos de autónomos están disminuyendo, tanto en cantidad absoluta como proporcionalmente en el peso del total:
En el caso de los autónomos, el ICAB ha indicado que tienen una "clara barrera de acceso" a la Segunda Oportunidad en el emprendimiento de nuevas actividades empresariales, por lo que su intención es focalizarse en "eliminar limitaciones para iniciar nuevamente proyectos empresariales que generen valor económico y social de futuro".
Una de las claves, apunta, es justamente "reconsiderar la limitación en la exoneración del crédito público".
Por otro lado, las cifras del ICAB muestran como Cataluña concentra el 25% del total de procedimientos de Segunda Oportunidad de personas físicas; en el caso de los concursos de autónomos, son el 53% del total.
Si se ajustan los datos por población, Cataluña es la comunidad autónoma con más procedimientos de personas físicas empresarias: 6,7 por cada 100.000 habitantes, con datos del segundo trimestre de 2024. La media española es del 1,9:
Desde el ICAB han querido destacar que el incremento de los procedimientos en Cataluña la sitúa a niveles similares que en otros países europeos: 13 de cada 10.000 personas han recurrido a algún mecanismo de la Segunda Oportunidad para resolver problemas de insolvencia, por encima de países como Alemania (11), y cerca del Reino Unido (17) o Francia (18), donde este mecanismo lleva más tiempo introducido en su cultura jurídica, social y económica.