Competencia duda del encaje legal del cambio en la tarifa regulada de luz que propone el Gobierno

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone en duda el encaje legal de una de las medidas propuestas por el Gobierno en su proyecto de Real Decreto sobre las condiciones de comercialización de luz en España. Se trata de un cambio en la forma de contratación de los peajes para aquellos consumidores acogidos a la tarifa regulada.

Los peajes son unos cargos que todos los consumidores pagamos en la factura de la luz por el uso de las redes eléctricas a las distribuidoras que nos suministran electricidad (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, principalmente).

El proyecto gubernamental recoge la posibilidad de que los clientes con tarifa regulada (PVPC) puedan contratar directamente el peaje de acceso con el gestor de la red (Red Eléctrica), de manera separada a la energía contratada con la comercializadora concreta (Iberdrola, Endesa, Repsol, Audax, Holaluz, etc).

Es decir, la propuesta contempla separar la contratación de luz, con sus correspondientes impuestos, de la contratación de los peajes. Una posibilidad que desde el organismo que preside Cani Fernández ven de dudosa legalidad por la propia definición de la tarifa regulada.

Competencia considera que «podría no tener encaje legal»

«Al respecto, esta opción podría no tener encaje legal, dado que la Ley 24/2013 establece el PVPC como un precio destinado a pequeños consumidores que se calcula de forma aditiva, incluyendo, entre otros conceptos, los peajes y cargos», esgrime Competencia en su informe sobre el proyecto del Gobierno.

Así, el organismo regulador explica que no se contempla que el comercializador de referencia pueda facturar el PVPC descontando los peajes y cargos, puesto que «dejaría de ser PVPC definido legalmente».

En otras palabras, el regulador considera que si se descuentan los peajes de la tarifa regulada para facturarse aparte, esta dejaría legalmente de tener la condición de tarifa regulada. Por ello, Competencia insta al Gobierno a eliminar esta propuesta de su proyecto de Real Decreto.

Este modelo de tarifa -Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor- data del año 2014 por el Partido Popular indexando los precios diarios del mercado mayorista de electricidad y suponiendo una opción más barata, por norma general, a las tarifas del mercado libre que ofrecen las empresas.

Este año, entró en vigor la modificación del PVPC introducida por el Gobierno de PSOE y Sumar que modificaba la metodología del cálculo que se aplicaba hasta entonces.

Mientras que antes el precio final estaba indexado al mercado mayorista, la nueva fórmula incorporaba de forma gradual las señales de precio a largo plazo para dar una mayor estabilidad a la factura en un entorno de elevada volatilidad.

Europa pide una hoja de ruta para eliminar el PVPC

En cualquier caso, la continuidad de la tarifa regulada no está asegurada. Desde Bruselas han pedido al Gobierno que valore la necesidad de mantenerla activa y evalúe los avances logrados para alcanzar una competencia del mercado efectiva entre las comercializadoras.

Y es que, según los datos actuales España es uno de los países donde más competencia hay en el sector de la compraventa de energía.

Según recoge la consultora PwC en un reciente informe, existen 534 empresas operativas en el mercado español, la mayor cifra de Europa, y la tasa de cambio de comercializador es también una de las más elevadas.

Antes de que acabe el año, el Ministerio de Transición Ecológica deberá enviar a la Comisión Europea un informe valorando el nivel de competencia existente, en el que justifique si están aplicando algún tipo de medida de intervención en el mercado, como sería la existencia de una tarifa regulada.

«En caso de existir suficiente competencia, deberán aplicar una hoja de ruta para la eliminación del PVPC, de forma que todos los consumidores que no sean vulnerables estén en el mercado libre», destacan desde PwC.