Collboni no convence ni a empresarios ni a activistas con su veto a los pisos turísticos

La propuesta para la eliminación de los más de 10.000 pisos turísticos que tiene la ciudad de Barcelona ha generado multitud de opiniones. Mientras cada grupo político del Ayuntamiento carga contra la medida por una u otra razón, desde la patronal se muestran muy críticos con una norma que «acabará con el turismo familiar» y llevará a la proliferación de pisos turísticos ilegales, aseguran. Pero también desde las entidades sociales a favor del derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres de Catalunya, consideran que dejar de otorgar licencias turísticas «podría quedar en nada» y reclaman más medidas.

La Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha rechazado de lleno la propuesta del alcalde socialista, Jaume Collboni. Consideran que «condena a muerte el sector del turismo familiar«, pues aseguran que es el cliente principal de los alojamientos de uso turístico, que representa un 40% del total de alojamientos turísticos de la ciudad.

Por otro lado, alertan que dejar de otorgar licencias a los pisos turísticos no los hará desaparecer, sino que creará un «efecto llamada» a la proliferación de pisos turísticos ilegales. Según la patronal, la experiencia de otras regulaciones puestas en marcha en la ciudad, «lo demuestra». Y destacan que este tipo de negocios de la economía sumergida «no paga impuestos y confronta vecinos y turistas en lugar de fomentar la convivencia».

Además, desde la asociación apuntan que las viviendas de uso turístico solo representan el 0,77% del total del parque de viviendas de Barcelona, por lo que la medida es «una cortina de humo por el fracaso de las políticas públicas de vivienda en la ciudad».

El Sindicat prevé que la propuesta «no tendrá ningún efecto práctico»

Por su parte, el Sindicat de Llogateres de Cataluña tampoco ha respaldado la propuesta de Collboni. Pese a que una de sus principales demandas para facilitar el acceso a la vivienda es limitar el turismo, consideran que la medida «no tendrá ningún efecto práctico» hasta de aquí a cuatro años y medio, cuando en 2029, según el alcalde, se haría efectiva la propuesta.

En este sentido, apuntan que «el contexto político es incierto», por lo que el anuncio podría caer en cualquier momento antes de llegar a aplicarse, tanto por un cambio en la alcaldía de la ciudad como por la modificación del decreto de la Generalitat que regula los pisos turísticos que es el que permitirá aplicar la propuesta de Collboni.

Además, el Sindicat también pone el foco en los pisos turísticos ilegales, y pide al Ayuntamiento más mecanismos «efectivos» para perseguirlo. Y, sobre todo, se centran en los alquileres temporales, el mercado principal donde se desvían los pisos para «usos lucrativos», recalcan, «para saltarse el límite de la regulación de los alquileres».