Collboni reforzará las inspecciones contra los pisos turísticos ilegales a partir de 2029
El alcalde barcelonés quiere prevenir la proliferación de viviendas sin licencia, que actualmente suponen aproximadamente un tercio del total
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado este jueves que se reforzará la actividad inspectora y sancionadora para «combatir» los pisos turísticos ilegales a partir de 2029, año en el que el Ayuntamiento prohibirá esta actividad.
Lo ha dicho en una rueda de prensa junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, recogida por Europa Press, tras visitar una promoción de viviendas públicas de alquiler social y para mayores, en la que ha destacado el impacto a nivel nacional e internacional que ha tenido el anuncio del Ayuntamiento.
6.000 pisos turísticos sin licencia
Pese a que desde 2016, cuando se pusieron en marcha los primeros servicios de inspección de pisos turísticos sin licencia –entonces había contabilizados unos 6.000 pisos ilegales–, se han impuesto 10.500 sanciones y se han emitido 9.700 órdenes de cese de actividad, en este momento, según la plataforma Inside Aribnb, el 32,5% de los anuncios de pisos turísticos en Airbnb no tienen licencia, unos 6.000 en total.
Sin embargo, según Collboni actualmente se desactivan entre 300 y 400 anuncios mensuales de pisos que no tienen licencia. Por eso, ha querido mandar un mensaje tranquilizador a los vecinos que temen que los pisos turísticos ilegales pasen a operar de forma ilegal: «La actividad inspectora y sancionadora está y estará plenamente en marcha».
Riesgo de que el mercado ilegal «aflore»
Collboni ha constatado que hay «resistencia legítima de algunos sectores» ante la extinción de los pisos turísticos, por lo que ha hecho hincapié en que se debe garantizar la seguridad jurídica.
«Los servicios de inspección se van a reforzar porque es obvio que existe el riesgo de que el mercado ilegal aflore o quiera dar respuesta a una demanda sobre la cual ha desaparecido la oferta legal», ha expresado el alcalde.
Una alerta que tanto la patronal del sector como la entidades en favor del derecho a la vivienda han hecho desde que Collboni anunció la nueva medida.