El coche eléctrico no arranca en España tras 12 leyes y normas impulsadas por el Gobierno

Más de una decena de normas y decretos leyes se han impulsado durante la última legislatura, y, sin embargo, la implantación del coche eléctrico es mucho más modesta de lo esperado. La gran esperanza es que sea el propio mercado el que dinamice la venta de estos vehículos. 

Según recoge el ‘III Informe sobre Movilidad Eléctrica en España’ dirigido por May López, profesora de la escuela y directora de Desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible, en los últimos años ha habido una importante fiebre legislativa que, por el momento, no termina de impulsar el negocio. 

Entre toda la borrachera normativa hay algunos planes como el PNIEC, que sirve de guía de actuación; o la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. Se trata de los marcos conceptuales que adaptan el resto de leyes pero que, por el momento, están lejos de su cumplimiento. 

Dentro de las normas de impulso al vehículo eléctrico, según el informe, destacan también el Plan de Recuperación y Resilencia (PRTR); o la Ley de Cambio Climático, donde ya se disponen normas concretas como las zonas de bajas emisiones o la imposición a estaciones de servicio para desarrollar infraestructura. 

También se ha creado una Estrategia de Movilidad Sostenible, así como el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. En esa línea, la Hoja de Ruta del Hidrógeno también suma fuerza para la eliminación de los vehículos de combustión. Aunque la alternativa del H2 cada vez tiene menos fuerza en el mercado. 

Una fuerte legislación 

Cuatro reales decreto desde 2021 para configurar parte del futuro del coche eléctrico. 24/2021; 29/2021; 376/2022; y 184/2022. Todos ellos relacionados con el transporte por carretera, el fomento de la movilidad eléctrica; o el fomento y desarrollo de la infraestructura que, en estos momentos, se trata de algo fundamental. 

Sin embargo, nada termina de funcionar. De hecho, y pese al moderado optimismo del informe, puesto que el año pasado se batieron récords de instalación de puntos de recarga públicos en España (el 54% de los que existen hoy); lo cierto es que su uso medio solo fue del 4,2%. 

Además, 7.400 de ellos no pudieron ponerse en marcha por estar pendientes de conexión a la red. A cierre del primer semestre de 2023 había 25.106 puntos de carga públicos (un incremento del 16,4% respecto al año anterior). Por tanto, al terminar este año se deberían haber multiplicado por cuatro para llegar al objetivo de los 100.000 puntos. 

Sin embargo, su utilización sigue siendo muy baja (5,7% de media) con respecto al número de matriculaciones. La falta de interoperabilidad -algo que no sucede en otros países europeos al ser un requisito obligatorio según establece la normativa-, está propiciando que el coste de recarga pública sea de las más caras de Europa y ello, junto a la falta de control y seguimiento de la eficiencia de los puntos de recarga que reciben subvención pública, contribuye a su infrautilización.  

La próxima puesta en funcionamiento del mapa interactivo de puntos de carga del Ministerio para la Transición Ecológica facilitará un uso más eficiente de la infraestructura al poner a disposición del consumidor la ubicación, horarios, potencia, modos de carga, precios, disponibilidad de la instalación y el precio de venta de la electricidad o del servicio de recarga, con datos actualizados de los puntos de potencia igual o superior a 43 kW.  

Sin embargo, el informe de OBS indica que debería extenderse esta obligatoriedad a toda la red pública, porque actualmente en torno al 80% de la infraestructura quedaría fuera de la obligación.