La CNMC pide al Gobierno más dinero para la Comisión de Energía por tareas «complejas y novedosas»

La recuperación de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) era una promesa electoral del PSOE y sus socios de gobierno, Sumar. Su puesta en marcha ya ha empezado, pero desde el todavía macrorregulador exigen que no se comentan errores del pasado como la sobrecarga de trabajo con alta complejidad sin que haya medios. 

Así se refleja en el informe que ha elaborado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el objetivo de realizar un análisis técnico del anteproyecto remitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde el actual regulador de los mercados, que todavía incluye el sector de la energía, explica que en los últimos tiempos y, en particular, en el contexto reciente de crisis de precios en el ámbito energético, la CNMC ha asumido la supervisión de funciones complejas y novedosas en materia de energía. 

Ponen ejemplos como las tareas destinadas a combatir el impacto de los precios elevados de la energía en el consumidor o las relativas a la tramitación de subvenciones. 

Recuerdan que estos nuevos cometidos se han conferido generalmente por la vía de la legislación de urgencia (reales decretos leyes) o ya durante su tramitación parlamentaria (como enmiendas a otros textos normativos o en la tramitación como proyecto de ley ordinario de los reales decretos leyes), sin recabar para ello el informe previo del regulador. 

La CNMC asume, pero pide 

La CNMC, argumenta en su informe, no discute la legitimidad de los objetivos perseguidos con las tareas asignadas, así como su necesidad. Pero cree que «es imprescindible preservar la compatibilidad de estas nuevas funciones con el ejercicio independiente de las competencias propias de la autoridad, protegidas por el derecho de la Unión Europea».  

Para ello, y lo piden de manera clara, explican que «es deseable velar por que cada nueva función sea compatible con los principios generales que deben regir la actuación del organismo y con su plan de actuaciones -cuya publicidad y remisión a las Cortes Generales prevé el anteproyecto de ley- y que lleve aparejada una dotación de recursos humanos, financieros y materiales proporcionada».  

Para facilitar la consecución de esta compatibilidad se propone que la atribución de nuevas funciones a la CNE cuente en todo caso con la emisión de un informe preceptivo y no vinculante por parte de la autoridad de regulación. En los casos de urgencia, añaden, «este informe podría emitirse en un plazo que garantizase el cumplimiento adecuado de los objetivos de la norma que es objeto de informe».

Asimismo, la atribución de las nuevas funciones debe conllevar la dotación de los medios humanos y materiales necesarios para su ejecución por parte del organismo. 

Propone incluir un nuevo párrafo en el anteproyecto de ley: «La atribución de estas otras funciones requerirá, en todo caso, el informe previo de la Comisión Nacional de la Energía. En los casos de urgencia, el informe deberá ser emitido en el plazo máximo de cinco días. La atribución de nuevas funciones deberá conllevar necesariamente la asignación de los recursos que sean necesarios para su correcta ejecución».