El Cercle d’Economia advierte sobre los efectos «muy perniciosos» del tope al alquiler

El Cercle d’Economia ha pedido no aplicar la regulación del precio de los alquileres en Catalunya al considerar que tiene «efectos muy perniciosos» en el corto plazo, entre los que ha enumerado la desincentivación de la oferta y el auge de modalidades informales como los alquileres de temporada.

Así lo ha concluido en la nota de opinión consultada por Europa Press y presentada este lunes por el presidente del Cercle de Economia, Jaume Guardiola, y el director general, Miquel Nadal. La institución considera que España sufre un «problema grave de acceso a la vivienda», si bien ha matizado que no es generalizado, y lo ha centrado en las familias con menos recursos –ha hecho hincapié en las migrantes– y los jóvenes.

«Sería recomendable, pues, plantear un cambio de la ley en este punto», ha concluido en la nota de opinión consultada por Europa Press y presentada este lunes por el presidente del Cercle de Economia, Jaume Guardiola, y el director general, Miquel Nadal, que han trasladado al Gobierno.

La institución ha considerado que es «muy probable» que los agentes privados del sector inmobiliario trasladen a los arrendatarios los costes provocados por la normativa o que dejen de participar en el mercado y, en consecuencia, se reduzca la oferta.

Nadal ha defendido que «hay que proteger a les familias con menos recursos, pero esta protección no puede ir a costa del sector privado», como a su juicio hace esta medida, que ha tachado de políticamente muy golosa.

Asimismo, ha criticado que la medida no discrimina según la capacidad de los arrendatarios, entre los que ha dicho que hay quien sí que puede afrontar el coste de la vivienda: «Estamos intentando congelar los alquileres para todo el mundo», ha lamentado.

Suspensión de los desahucios

Nadal ha sostenido que la Ley estatal de vivienda tiene aspectos que «van en la buena dirección», si bien, además del tope de alquileres, ve elementos problemáticos la suspensión de los desahucios y la cuota de vivienda protegida en las nuevas promociones.

Ha opinado que la suspensión de los desahucios pone en duda la seguridad jurídica de los propietarios y, respecto a la obligación de destinar el 40% de las nuevas promociones de suelo a vivienda protegida, ha pedido replantear «con qué intensidad» debe aplicarse.

El acceso a la vivienda, un «grave» problema

Nadal ha subrayado que España sufre un «problema grave de acceso a la vivienda», si bien ha matizado que no es generalizado, y lo ha centrado en las familias con menos recursos –ha hecho hincapié en las migrantes– y los jóvenes, así como en grandes ciudades y determinadas zonas de costa.

«Está aumentando la demanda de vivienda en los últimos años, de forma muy importante, en ciertas zonas del país, y este aumento de la demanda de vivienda no se está viendo correspondido por un aumento de la oferta», ha resumido.

Según una estimación conservadora, unas 1,5 millones de familias tiene «graves dificultades» para acceder a la vivienda, una situación que el Cercle ha advertido que puede agravarse en un futuro.

El director general del Cercle ha instado a vehicular las políticas en vivienda «a través del gasto público, en vez de hacerlo, como hasta ahora, a través de la regulación» y ha exigido que tengan mirada larga y perduren en el tiempo, pues considera que la situación no quedará solucionada a corto plazo.

Ha considerado que las medidas públicas «han penalizado mucho» el alquiler frente a la propiedad y avanzado –textualmente– a bandazos en función de la disponibilidad de recursos.

Apuesta por el «alquiler concertado»

En el corto plazo, Nadal ha abogado por impulsar un «alquiler concertado» –que esté subvencionado– para familias desahuciadas o en riesgo de estarlo, en sustitución al pago de pensiones y otros alojamientos.

Así, propone que grandes y pequeños propietarios cedan las viviendas a la administración por un importe inferior al precio del mercado con la garantía de cobrar el alquiler, mientras que el sector público debería facilitarlas a las familias por el importe que puedan pagar y asumir la diferencia.

Ha cifrado en 35 millones de euros anuales el gasto del Ayuntamiento de Barcelona a día de hoy en esta medida, mientras que ha dicho que debería destinar 5.000 euros al año por cada vivienda en régimen de concertado, «muy por debajo del alojamiento en las pensiones».

Nadal también ha reclamado un mecanismo de garantías públicas al cobro de los alquileres y «facilitar y agilizar» el cambio de usos de locales u oficinas a viviendas, que la Sareb deje de vender sus inmuebles para destinarlos a alquiler social y aumentar la oferta de suelo edificable.

En el medio plazo, ha llamado a ceder suelo público a promotores privados «durante un periodo largo de tiempo» para que construyan vivienda protegida y a habilitar ayudas para ello.